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En medio de un debate caliente respecto de las ventajas y perjuicios que acarrearía la prometida reforma migratoria, los alcaldes de Nueva York, Los Ángeles y Chicago anunciaron ayer la creación de Ciudades por la Ciudadanía, una iniciativa para aumentar la naturalización de inmigrantes y robustecer las economías de las tres ciudades más grandes del país.

“Los inmigrantes que se convierten en ciudadanos realizan contribuciones significativas a nuestras comunidades, a nuestras ciudades y al país, y es nuestro interés colectivo promover su naturalización”, declaró el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, en un comunicado.

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Agregó que tanto él como los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y de Los Ángeles, Eric Garcetti, están “orgullosos” de encabezar una iniciativa que ayudará a miles de inmigrantes en todo el proceso de naturalización.

Ciudades por la Ciudadanía permitirá aumentar los programas para convertir en ciudadanos a los inmigrantes que son residentes permanentes, con asesoría legal y microcréditos para ayudar a pagar su costo, que actualmente asciende a 680 dólares por persona.

Esta iniciativa surge en medio del intenso debate político por la decisión del presidente Barack Obama de retrasar medidas ejecutivas que alivien la situación de los indocumentados mientras el Congreso, controlado por los republicanos, no apruebe su versión de la reforma migratoria.

Los republicanos rechazan que la reforma migratoria contenga algún tipo de camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en el país.

Un estudio divulgado ayer por el Centro para la Democracia Popular (CPD), que será uno de los coordinadores de la iniciativa, estima que actualmente hay 8,8 millones de residentes permanentes en EE.UU. en condiciones de convertirse en ciudadanos.

En general se estima que en los próximos diez años la economía de Chicago recibiría 1.600 millones de dólares producidos por los nuevos ciudadanos, en Los Ángeles serían 2.800 millones y 4.100 millones en Nueva York.

Garcetti reconoció que los inmigrantes son la columna vertebral de la economía de su ciudad, y, por ello, deben “alentar una mayor integración” en el tejido social y político de la urbe angelina.

Por su parte, De Blasio destacó que el esfuerzo redundará además en “un aumento de la base de votantes y de contribuyentes”.

En la vereda opuesta, el gobernador de Texas y potencial aspirante a la presidencia de EE.UU. para los comicios de 2016, Rick Perry, responsabilizó a México del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera por el “fracaso”, consideró, de este país en garantizar la seguridad fronteriza.

Perry respondió por carta al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien la semana pasada calificó como “reprobable” y “desagradable” la militarización de la frontera ordenada por el gobernador texano.

Perry ordenó a finales de julio el despliegue de la Guardia Nacional como respuesta a la oleada de menores no acompañados procedentes de Centroamérica que han cruzado la frontera en los últimos meses, unos 67.000 desde octubre, según datos oficiales.

La medida fue criticada por algunos sectores de los demócratas, que la percibieron como un movimiento electoralista, pero la mayor contestación llegó desde México, cuyo gobierno lo consideró una ofensa.

Aún queda mucho por hacer

Una solución permanente y duradera a la crisis migratoria debida a la llegada de miles de menores no acompañados, procedentes en su mayoría de Centroamérica, radica en “disminuir la violencia en los países de origen” y crear incentivos para que los jóvenes no emigren, según el Gobierno estadounidense.

El subsecretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, aseguró en una conferencia de prensa en Washington que, a pesar de la disminución acentuada en las últimas semanas en cuanto al número de familias y menores no acompañados que llegan por la frontera sur del país, “todavía queda mucho por hacer”.

Se trata de “una tarea con resultados a muy largo plazo que no se pueden medir en el lapso de días o semanas”, apuntó el representante del DHS, al asegurar que el trabajo conjunto con los gobiernos centroamericanos encaminado a disminuir las redes criminales “es fundamental”.

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