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Aprueba UE nuevas sanciones contra Venezuela

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La Unión Europea (UE) aumentó hoy la presión sobre el gobierno de Venezuela, al aprobar una serie de sanciones que incluyen un embargo de armas así como un marco de medidas para prohibir la entrada a los 28 países comunitarios y congelar los activos de aquellos que violen los derechos básicos en el país.

En una resolución adoptada por unanimidad en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE llamaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que “restaure urgentemente la legitimidad democrática, incluyendo elecciones libres y justas”, y a la oposición a que “continúe comprometiéndose unida para buscar una solución negociada a las actuales tensiones”. El embargo de armas incluye todo material que podría ser usado para la “represión interna” en el país sudamericano. Aunque la prohibición de entrada a los países de la Unión Europea y la congelación de activos no se produce de forma inminente, los ministros dejan la puerta abierta a su aplicación. Las sanciones, explican, “se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigiéndose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y en la violación de los derechos humanos”.

Para revertir las sanciones, los representantes de los 28 países de la UE exigen que se lleven a cabo negociaciones creíbles, se respeten las instituciones democráticas, se adopte un calendario electoral completo y que sean puestos en libertad “todos los prisioneros políticos”. “Estas medidas fueron diseñadas para no hacer daño a la población venezolana, cuya difícil situación la UE quiere aliviar”, señala la resolución, la cual enfatiza que la responsabilidad primaria para acabar con la crisis radica en el propio país. En este sentido, el bloque comunitario enfatiza su apoyo a una negociación creíble que incluya a todos los actores relevantes y que sirva para hallar soluciones a los “múltiples desafíos en el país”.

Pero también declara su pleno respaldo a los esfuerzos regionales e internacionales para encontrar una salida a la crisis.

El domingo, la oposición venezolana advirtió que no asistirá a la reunión con el Gobierno planteada para el miércoles en República Dominicana si no se garantiza la presencia de los cancilleres de los países facilitadores del proceso de diálogo. Se trata de México, Chile y Paraguay, por parte de la oposición, así como de Bolivia, Nicaragua y un tercero por nombrar, por parte del Gobierno. En la resolución, la UE se hace eco de las “numerosas irregularidades” reportadas durante las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, cuyos resultados no fueron reconocidos por buena parte de la oposición, y menciona particularmente el caso de la anulación de la elección del gobernador opositor Juan Pablo Guanipa en el estado de Zulia. Por ello, la Unión Europea exige una total transparencia de los resultados de los comicios mediante una auditoría independiente de los votos. Los informes sobre violaciones de los derechos humanos y de derechos fundamentales en Venezuela, por ejemplo aquellos difundidos por el Alto Comisionado de la ONU, “son una razón adicional para la alarma, como lo son el aumento de necesidades urgentes de la población, las cuales afectan a sus derechos, tales como el derecho a comida y salud”, añade la resolución.

También destaca que “el diálogo constructivo y la negociación son el único camino sustentable para hacer frente a la actual crisis y para responder a las necesidades apremiantes del pueblo de Venezuela”.

Según la UE, los recientes acontecimientos, como las contestadas elecciones del 15 de octubre, han acentuado la polarización política del país, sumido además en una grave crisis económica. En este contexto, la Unión Europea reiteró que no puede reconocer a la Asamblea Constituyente, elegida en julio y de mayoría gubernamental, ya que tiene serias dudas sobra su legitimidad y representatividad. Por el contrario, la UE insiste en que deben ser respetadas las prerrogativas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y de sus diputados, así como la independencia del poder judicial.

La aprobación de estas medidas por parte de la UE se produce cuatro días después de que Estados Unidos impusiera una nueva ronda de sanciones contra Venezuela, en concreto contra diez altos funcionarios y cargos públicos, entre ellos tres ministros y varios miembros del poder electoral.

Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro, supusieron la congelación de todos los activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo estadounidense de hacer transacciones con ellos.

 

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