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“Es despreciable. Las escuelas no son trampas de deportación”

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Grupos de derechos civiles acusaron a la secretaria de Educación, Betsy DeVos, de desconocer las leyes de Estados Unidos, después que esta dijera en una audiencia en el Congreso que las escuelas pueden decidir si delatan ante agentes de inmigración a estudiantes indocumentados.

DeVos se presentó en el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes y cuando el congresista Adriano Espaillat, un inmigrante de la República Dominicana que alguna vez fue indocumentado, le preguntó si creía que las autoridades escolares debían reportar a los indocumentados, respondió:

“Señor, creo que esa es una decisión de la escuela. Esa es una decisión de la comunidad local. Y nuevamente, me refiero al hecho de que tenemos leyes y también somos compasivos, e insto a este organismo a hacer su trabajo y a abordar o aclarar dónde hay confusión en torno a esto”.

La respuesta de DeVos dejó al descubierto su propio desconocimiento de las leyes. La Corte Suprema falló hace años que las escuelas públicas tienen la obligación constitucional de proporcionar educación a todos niños, independientemente de su estatus migratorio.

Eso significa que las escuelas tampoco pueden aplicar medidas que disuadan a los niños indocumentados de registrarse, incluido preguntar sobre su status migratorio.

“La posición de Betsy Devos es despreciable. Ningún niño debería temer ir a la escuela. Las escuelas son bastiones de conocimiento, no de trampas de deportación”, dijo en un comunicado Cesar Vargas, codirector de Dream Action Coalition.

Por su parte, El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense dijo que DeVos “necesita desesperadamente asesoramiento legal competente”.

“Su testimonio acerca de informar a los estudiantes a ICE se deriva de una asombrosa ignorancia de la ley o de una insoportable falta de voluntad para asesorar con precisión a los distritos escolares locales”, señaló Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del grupo.

“Cualquier escuela pública o distrito escolar que niegue la educación a cualquier niño indocumentado, ya sea al negarse a inscribirse, al limitar el acceso a los programas y beneficios proporcionados a otros estudiantes o al denunciar a un niño a ICE, ha violado la Constitución de los Estados Unidos”, agregó.

Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, el sindicato de maestros más grande de la nación, declaró que el asunto era “una ley constitucional resuelta”.

“Betsy DeVos debería saberlo bien, y sugerir lo contrario solo sirve para asustar a los niños”, opinó.

La portavoz de la secretaria de Educación, por su parte, dijo que DeVos “tiene una gran compasión por los estudiantes de DACA y ha dicho en repetidas ocasiones que espera que el Congreso haga su trabajo y brinde a estos estudiantes la certeza que merecen”.

DeVos, una multimillonaria que ha invertido ampliamente en la educación privada en Michigan, ha sido uno de los miembros más controversiales del gabinete de Trump, y su aprobación enfrentó varios escollos. Fue confirmada en el puesto solo después que el vicepresidente Mike Pence emitió un voto de desempate en el Senado.

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