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(The New York Times y EFE).— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo ayer que dejará 8,400 soldados estadounidenses en Afganistán hasta el final de su mandato, con lo que retrasa el final de la guerra que ya duró 14 años y pese a que el mandatario se comprometió a acabar ese conflicto, esta decisión muestra que la finalización de las operaciones militares en ese país aún no se ha definido.

El mandatario reconoció que la seguridad en Afganistán aún es débil y por ese motivo decidió ajustar, una vez más, el plan para sacar gradualmente las fuerzas estadounidenses.

El anuncio le deja un importante compromiso militar a su sucesor, aunque menos grande que los cerca de 40,000 soldados que combatían en ese país cuando Obama asumió el cargo.

“La situación de seguridad sigue siendo precaria”, dijo en breve declaración en la Casa Blanca. “Aunque han mejorado, las fuerzas afganas de seguridad todavía no son lo suficientemente fuertes. Los talibanes siguen siendo una amenaza y en algunos casos han ganado terreno”.

Actualmente Estados Unidos tiene menos de 10,000 soldados en Afganistán que entrenan y equipan a las fuerzas afganas para que implementen operaciones de lucha contra el terrorismo.

Obama había hablado sobre la reducción de ese contingente a unos 5,500 efectivos para finales de 2016 o comienzos de 2017.

Ahora, más de 8000 soldados permanecerán en esa nación y será el sucesor de Obama quien decidirá sobre cualquier reducción de tropas. Recientemente, el mandatario flexibilizó las reglas de combate para otorgarle a los militares estadounidenses la capacidad de combatir directamente a los talibanes y la posibilidad de ejecutar ataques aéreos y combates en tierra con el apoyo de las fuerzas afganas.

Esta decisión es vista como un voto de confianza en el gobierno de Afganistán, los miembros de la OTAN y otros aliados que han aportado 6000 soldados adicionales al conflicto en ese país. Pero también refleja que los esfuerzos estadounidenses de poder conformar una fuerza afgana capacitada para asumir los problemas de seguridad en esa nación no han sido suficientes.

“Hemos sido capaces de terminar nuestra guerra terrestre”, dijo Obama. Sin embargo, agregó: “Tenemos que enfrentar las realidades del mundo, tales como son”.

El presidente dijo que tomó esa decisión después de un largo debate interno, y tomando en cuenta las recomendaciones del general John W. Nicholson, el nuevo comandante de Estados Unidos en Afganistán. El Pentágono argumentó que era necesario mantener un mayor número de tropas para proporcionarle a las fuerzas afganas el apoyo suficiente para defenderse de los talibanes.

La medida también refleja las preocupaciones del gobierno estadounidense por la reagrupación de Al Qaeda en Afganistán, y el hecho de que el Estado Islámico se haya establecido allí. Obama repitió su promesa de que no iba a permitir que Afganistán para ser utilizado como un refugio seguro para los terroristas.

Diversas acciones muestran que Estados Unidos busca mantener una campaña a largo plazo contra el terrorismo en Afganistán. En mayo, un misil disparado por un dron estadounidense mató a Ajtar Mansur, el jefe de los talibanes, mientras conducía por la provincia paquistaní de Baluchistán.

Cuando Estados Unidos ejecutó un ataque en suelo paquistaní para asesinar al jefe de los talibanes, y luego lo anunció públicamente, sugirió el comienzo de una nueva fase en la campaña de lucha contra el terrorismo.

Sanciones a Norcorea

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer que impuso por primera vez sanciones al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y castigó a otros diez funcionarios norcoreanos por los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen, con la esperanza de presionar a ese gobierno y entorpecer su acceso al sistema financiero mundial.

La medida suma a Kim Jong-un a la selecta lista de líderes que han sido sancionados por Estados Unidos en el pasado debido a los abusos de derechos humanos que han cometido, como el sirio Bachar Al Asad, el libio Muamar Al Gadafi, el iraquí Sadam Hussein y el zimbabuense Robert Mugabe.

“Bajo Kim Jong-un, Corea del Norte sigue infligiendo una crueldad y sufrimiento intolerables a millones de personas de su propio pueblo, incluidos asesinatos extrajudiciales, trabajos forzados y tortura“, afirmó en un comunicado el subsecretario del Tesoro en funciones para Inteligencia financiera, Adam J. Szubin.

Las sanciones del Departamento del Tesoro resultan en la congelación de las propiedades que pueda tener los afectados bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a los ciudadanos de Estados Unidos de implicarse en transacciones financieras con ellos.

Estados Unidos confía en que esas sanciones tengan “un efecto dominó en todo el mundo”, ya que los bancos y las entidades financieras internacionales usan la lista de individuos y entidades sancionadas por el Tesoro para medir el riesgo de negociar con alguien, aseguró ayer un alto funcionario estadounidense.

“La inclusión en esta lista hace arriesgado que cualquier entidad de todo el mundo albergue las propiedades de ese individuo en cualquier lugar del mundo”, añadió el funcionario en una conferencia de prensa telefónica.

Además, las sanciones tienen el efecto de “acabar con el anonimato” bajo el que operaban muchos de los funcionarios identificados hoy como violadores de derechos humanos, según indicó otro alto funcionario estadounidense en la conferencia de prensa.

“Aunque el hecho de que los nombremos puede no afectar sus vidas hoy, sí puede tener un impacto en cualquier escenario futuro en el que caiga el régimen de Kim Jong-un”, apuntó la fuente.

Las sanciones contra Kim Jong-un se justifican porque dirige uno de los países más represivos del mundo, con abusos graves de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y detenciones, trabajos forzados y tortura, según indicó el Tesoro en un comunicado.

“Consideramos que Kim Jong-un es claramente el responsable último de los abusos del régimen (norcoreano) contra su pueblo”, subrayó ayer uno de los funcionarios que hablaron en la conferencia de prensa.

Junto al anuncio del Tesoro, el Departamento de Estado envió ayer un informe al Congreso en el que identifica a 23 individuos y entidades norcoreanas —incluido Kim Jong-un— a los que considera responsables de los abusos de derechos humanos en el país, y que están sujetos a sanciones de Estados Unidos desde ayer o desde hace ya tiempo.

Entre esos individuos sancionados está el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (PTC), Ri Su-yong; el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, O Kuk-ryol; y el vicemariscal y director del buró político del Ejército Popular, Hwang Pyong So, considerado la mano derecha de Kim Jong-un.

También figura Choe Pu-il, el ministro de Seguridad Pública, la entidad encargada de operar los campos de trabajo forzado e implementar las políticas de censura en el país y responsable, según el informe estadounidense, de numerosos actos de tortura, y a otros dos funcionarios de esa agencia.

Asimismo, quedan sancionados el ministro de Defensa norcoreano, Pak Yong-sik; el director de la oficina de prisiones en el ministerio de Seguridad Estatal, Kang Song-nam; el director del Departamento de Propaganda y Agitación, Kim Ki-nam, y su vicedirector, Ri Jae-il; entre otros.

El Tesoro también sancionó al propio Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Seguridad Estatal, a la Oficina Correccional de Corea del Norte, a la Oficina de Prisiones de Corea del Norte y al Departamento de Organización y Planificación, encargado de las políticas de censura en el país.

El Departamento de Estado actualizará periódicamente su informe con otros posibles violadores, y espera enviar con ello un mensaje a los norcoreanos de que “si se implican en abusos, sabremos quiénes son y acabarán en una lista negra que conllevará grandes desventajas”, según uno de los funcionarios.

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Frenan reducción de tropas en Afganistán

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