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El Gobierno de Puerto Rico tiene siete días para entregarles los certificados de muertes y datos relacionados a CNN y a una organización periodística local que investiga el verdadero número de muertos tras el paso del huracán, según ordenó un juzgado de Puerto Rico este lunes.

La decisión llega por la controversia sobre cómo el territorio estadounidense manejó las cifras oficiales de muertos por el huracán que asoló esta isla del Caribe el 20 de septiembre de 2017.

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Puerto Rico argumentó que cierta información contenida en los certificados de muerte debería mantenerse privada para proteger la identidad de los muertos. Sin embargo, la jueza de la Corte Suprema de Puerto Rico Lauracelis Roques Arroyo ordenó que esas informaciones eran materia de información pública y debían ser hechas públicas, con la excepción de los los números de identidad de los fallecidos.

CNN y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico demandaron para tener acceso a los datos de los muertos. Ambas organizaciones han publicado extensas investigaciones que cuestionan la cifra oficial de muertos dada por Puerto Rico, que se sitúa en 64.

Los datos de las muertes por el huracán María han sido el “secreto mejor guardado” del Gobierno de Puerto Rico, con funcionarios bloqueando el acceso de periodistas y académicos a los datos de mortalidad, según dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI en Puerto Rico.

“Que entregue esa información
“Esa política pública está en contradicción con la estrategia de relaciones públicas que proclama transparencia”, dijo Minet. “Nosotros pedimos a [el gobernador de Puerto Rico, Ricardo] Roselló que finalmente entregue esa información sin más excusas”.

Puerto Rico dijo el martes que revelará los datos.

La política del gobierno es “trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, así que vamos a cumplir con lo que la corte ha ordenado recientemente”, dijo Ramón Rosario, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de Puerto Rico, en un comunicado.