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Presidente de Guatemala, a disposición de la justicia

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La tensa situación vivida en horas de la mañana ayer en la sede del Congreso de Guatemala, se recrudeció aún más cuando por unanimidad, este parlamento decidió quitarle la inmunidad al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, para ser investigado como un civil por el presunto delito de corrupción.

Desde las primeras horas de ayer, simpatizantes de Pérez se apostaron en la sede para evitar la entrada de los parlamentarios, y acto seguido, ciudadanos que piden la renuncia del presidente guatemalteco hicieron una cadena humana, llevaron pancartas solicitando la dimisión y repartieron flores en la sede, a la espera del resultado de la votación que permitiera investigar a Pérez como un ciudadano cualquiera.

Tras conocerse la decisión, con 132 votos a favor de 158 autorizados para votar, Pérez Molina se quedó sin inmunidad y de paso, se convirtió en el primer presidente electo por voto popular al que el Congreso le retira su fuero.

Con la decisión en la mano, el diputado Carlos Herrera leyó el informe de lo ocurrido en la sede del Congreso en el que quedó consignado que el antejuicio contra el presidente “no fue promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrarlo”.

Herrera indicó que hay serios cuestionamientos y suficientes indicios “que orientan a establecer que el funcionario denunciado, podría haber incurrido en distintas acciones que revistan características propias de uno o varios ilícitos penales”.

Desde el Congreso, y tras la votación a favor de los 132 asistentes, dejaron en claro que con el informe no se pretende declarar la culpabilidad o inocencia del presidente, pero por los diferentes elementos puestos a disposición “es necesario y recomienda que el presidente sea puesto a disposición de la justicia”, indicó el presidente del legislativo, Luis Rabbé.
Se destapa la corrupción
Con la denuncia hecha al presidente Otto Pérez Molina por corrupción en un caso que se ha optado por llamar “La Línea”, en el que se muestra la presunta participación del mandatario en una organización delincuencial de defraudación aduanera.

Las primeras pesquisas indica que el negocio en el que está involucrado el presidente —y que llevó a la renuncia de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora presa por este hecho—, se trataba de negociar ciertas alteraciones en varios documentos de los furgones de mercaderías importadas para rebajarles los impuestos cuyas ganancias irían a la red y, por consiguiente, a las arcas del Jefe de Estado.

Según Carmen Ibarra, directora del Movimiento Projusticia de Guatemala, este episodio devela apenas una parte de la corrupción que se ha apoderado del Gobierno de ese país centroamericano.

“La situación no es nueva. Pero esto apenas es la punta de muchas situaciones que deben ser investigadas y que involucra a más de un funcionario del Gobierno que puede estar comprometido con actos de corrupción”, señaló Ibarra.

Luego de la acusación formal hecha por el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para solicitar la apertura de la investigación, seis de los 13 ministros de su gabinete renunciaron, entre ellos, los titulares de Finanzas, Comunicaciones, y la titular de la Secretaría General de Planificación.

Con este panorama, Pérez Molina se quedó solo a la espera de una investigación que lo llevará, por presunta corrupción, a sentarlo en el banquillo de los acusados.

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