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El procurador Jeff Sessions desechó años de precedentes legales para decidir que, de ahora en adelante, los jueces de inmigración no tienen la autoridad de cerrar casos administrativamente.

La decisión de Sessions en el caso de Castro-Tum significa que 350,000 personas cuyo caso de deportación fue cerrado por diversas razones -incluyendo para permitirles que pidieran otro beneficio migratorio- podrían ser reabiertos si los fiscales del gobierno así lo piden.

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El cierre administrativo equivalía a poner casos en un archivo “inactivo” cuando se trataba de personas no peligrosas, que tendrían acceso a un beneficio más adelante o que no eran prioridad de deportación.

La herramienta fue utilizada con mayor incidencia durante el gobierno de Barack Obama, cuando los jueces cerraron 180,000 casos en todo el país.

Esta cantidad fue mayor que el total de los 22 años anteriores, debido a que entonces, la Casa Blanca instó al tribunal a usar su discreción para manejar la inmensa cantidad de casos pendientes y dar prioridad a la deportación de delincuentes.