A pocos les preocupa el medio ambiente en la Amazonía

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Operación ilegal de búsqueda de oro en la ribera del río Ireng, en la reserva indígena de Raposa Serra do Sol en el estado de Roraima, en Brasil, el 7 de noviembre del 2021. (AP Photo/Andre Penner, File)

(AP) — En la Amazonía brasileña es casi imposible postularse a un cargo hablando de proteger el medio ambiente.

El escenario más común es este: Un candidato al Congreso se pasea en un helicóptero –símbolo de la minería ilegal– pintado con los colores de la bandera brasileña por las calles de la ciudad de Boa Vista, en la Amazonía. Defiende la búsqueda de oro, que causó estragos en territorios indígenas y contaminó ríos. En un estado vecino, un candidato indígena deja de usar ropa verde en público por temor a la violencia.

Igual que el resto de los brasileños, los residentes de la Amazonía elegirán gobernadores y legisladores en los comicios generales de octubre. Pero a medida que las campañas entran en calor, pocos candidatos o votantes hablan de las tasas de deforestación sin precedentes de la actualidad ni de otros problemas ambientales.

Por el contrario, los políticos se pelean por ver quien va más lejos con promesas de levantar las restricciones a la búsqueda de oro, deforestar para aumentar las tierras cultivables y construir carreteras a través de la selva. Los que intentan usar una plataforma ambiental no son competitivos y son hostigados por el público.

En medio de tanta pobreza y de falta de oportunidades económicas –con excepción de las que son nocivas para el medio ambiente–, los votantes de la Amazonía apoyan cada vez más a políticos que sostienen que las protecciones legales de la selva tropical más grande del mundo son una barrera para el desarrollo.

Un estudio llevado a cabo por el portal noticioso ((o))eco indicó que la mayoría de los nueve legisladores de los estados de la Amazonía votaron a favor de cinco proyectos grandes que levantaron algunas restricciones de las leyes ambientales, disponiendo desde la apertura de los territorios indígenas a la minería hasta la legalización de la apropiación de tierras. En tres de esos votos, el apoyo a esas medidas fue más fuerte en la Amazonía que en otras partes del país.

UNA DE MÁS DE 100

Apenas una de 118 legisladores de la Amazonía presentó una plataforma ambiental. Joenia Wapichana, la segunda indígena que llegó al Congreso en la historia de Brasil, es del estado de Roraima, donde los indígenas representan el 11% de la población, más que en ningún otro estado.

Ahora que procura ser reelegida, uno de sus rivales es un empresario que busca oro, entre otras cosas, Rodrigo Martins de Mello, que usó un helicóptero durante su campaña. Helicópteros y aviones son el único medio para transportar personal y equipo a remotas reservas indígenas, como la de los yanomami, donde tienen lugar la mayoría de las búsquedas ilegales de oro en Roraima.

“La minería mueve el comercio en Boa Vista”, declaró de Mello a través de un micrófono desde la parte trasera de una pickup. Lo seguía un camión mucho más grande, que cargaba el helicóptero con la bandera brasileña, símbolo de apoyo al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En una entrevista telefónica con la Associated Press, de Mello, quien hace campaña bajo el nombre de Rodrigo Cataratas, prometió defender los derechos de los buscadores de oro, que calculó son unos 40.000.

La tendencia a desestimar el valor de la selva es más fuerte en las regiones adonde llegaron migrantes de origen europeo en las décadas de 1960 y 70. Para atraer gente a la Amazonía, el gobierno militar de entonces construyó carreteras, hizo la vista gorda ante la caótica búsqueda de oro y entregó grandes extensiones de selva virgen donde vivían tribus indígenas aisladas.

Las enfermedades y desplazamientos forzosos pusieron a algunas tribus al borde de la exterminación.

Eso sucedió en Rondonia, donde la mayoría de las ciudades fueron fundadas en los años 70 por migrantes del sur de Brasil. Hoy es uno de los estados amazónicos más deforestados y un productor importante de ganado vacuno. También florece el cultivo de soya.

El año pasado la Asamblea Estatal de Rondonia votó por unanimidad, 17-0, a favor de reducir un área protegida en 2.220 kilómetros cuadrados (850 millas cuadradas) –un área más grande que Londres–, para facilitar la cría de ganado y abrir la selva a la agricultura. El gobernador Marcos Rocha, firme aliado de Bolsonaro, sancionó la ley, que luego fue declarada inconstitucional por un tribunal estatal.

Según Ricardo Gilson, geógrafo de la Universidad Federal de Rondonia, amplios sectores del así llamado arco de deforestación, que abarca decenas de ciudades, comparten una historia cultural.

“Es una sociedad de la frontera, que transforma un paisaje natural en una economía extractiva: minería, ganadería, cultivos, hidroenergía. No es una sociedad para la cual un bosque en sí mismo es algo positivo”, declaró Gilson a la AP.

Para sobresalir en esa cultura, el cabo de la policía militar Cáiro Texeira da Silva, quien se postula para el Congreso por primera vez, se vende como alguien más radical que sus rivales. Luciendo una camiseta con la bandera brasileña, apareció hace poco en un video con un rifle, prometiendo armar a los buscadores de oro ilegales para que puedan resistir las redadas de la policía.