ACLU impugna acuerdos de asilo de EEUU con Centroamérica

Migrantes caminan por una carretera con la esperanza de llegar a la lejana frontera de Estados Unidos, en San Pedro Sula, Honduras, el miércoles 15 de enero de 2020. (AP Foto/Delmer Martinez)
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(AP) — Los acuerdos que el gobierno del presidente Donald Trump ha hecho con Guatemala, El Salvador y Honduras que permiten a las autoridades de inmigración estadounidenses enviar a los solicitantes de asilo a países centroamericanos contravienen el papel histórico de Estados Unidos como una nación humanitaria y deberían ser bloqueados, se argumenta una demanda judicial interpuesta el miércoles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los derechos civiles quieren que los llamados Acuerdos de Cooperación sobre Asilo sean declarados ilegales y pidieron a un juez federal que impida que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional implementen las nuevas normas. La querella fue entablada en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

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La demanda fue presentada a nombre de seis solicitantes de asilo que fueron enviados de regreso a Guatemala, incluido uno que huyó de Honduras luego de que miembros de la pandilla MS-13 lo atacaron, otro de El Salvador que es gay y fue víctima de insultos homofóbicos en Guatemala mientras viajaba hacia la frontera de Estados Unidos, y una mujer y su hijo que fueron perseguidos por miembros de pandillas. Todos ellos dijeron que no se sentían a salvo en Guatemala.

Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que los acuerdos son legales y que son pactos diplomáticos entre naciones.

“Si bien no podemos comentar sobre un litigio, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala siguen comprometidos con el acuerdo cooperativo de asilo y respaldan la integridad del programa”, dijo Heather Swift, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Los acuerdos son la acción más reciente por parte del gobierno estadounidense para limitar el asilo en Estados Unidos. Las autoridades de inmigración también han restringido la cantidad de refugiados que acogen. Los pactos, firmados en los últimos meses, permiten que el gobierno envíe a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México a un país distinto del que huyeron, incluso a uno en el que no hayan estado.

Ha habido críticas contra los acuerdos por parte de otros países, legisladores demócratas y defensores de migrantes que alegan que la gente está siendo enviada a sitios que no son seguros.

Las autoridades de inmigración también han obligado a más de 55.000 personas a esperar en México sus procesos de asilo, y le niegan el asilo a cualquiera que haya viajado por otro país para llegar a Estados Unidos. El resultado ha sido una disminución significativa en el número de cruces fronterizos. El año pasado, las autoridades enfrentaban una ola de migrantes en la frontera que agotó sus recursos. Niños murieron, otros enfermaron y los migrantes estuvieron hacinados en pequeñas instalaciones fronterizas por semanas.

Pero los nuevos acuerdos “cierran ilegalmente las puertas de nuestra nación a la gente que huye de una violencia terrible y de otras formas de persecución al negarles el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos y enviarlos a países peligrosos donde prácticamente no hay una posibilidad de que encuentren refugio”, señala la demanda.

Estados Unidos tiene un acuerdo formal de asilo, con Canadá, en el que ambas naciones han convenido que el sistema de asilo del otro es sólido y que son lugares seguros para aquellos que huyen de la persecución y la violencia. Pero estos acuerdos nuevos, alega la querella, no brindan esas garantías y en algunos países apenas existe un sistema de asilo. Además, los territorios a los que están enviando a los solicitantes de asilo _una zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica_ son peligrosos, violentos y tienen pobreza.

De acuerdo con la demanda, los países son tres de los cuatro principales países de origen de los individuos que obtuvieron asilo en Estados Unidos en 2017 y 2018.

Los acuerdos “simplemente alejan a los solicitantes de asilo y pasan la responsabilidad a otros países, sin importar lo que ocurra con los individuos”, según la querella.

“El gobierno de Trump ha creado un letal juego de las sillas que deja a los refugiados desesperados sin un sitio seguro, en violación de la ley estadounidense e internacional”, dijo Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “El gobierno trata ilegalmente de rechazar a los solicitantes de asilo y pasar la responsabilidad a otros países que no pueden protegerlos”.

Muchas de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para restringir la inmigración han sido frenadas por los tribunales, incluido un fallo emitido el miércoles por un juez, el cual impide que las autoridades gubernamentales implementen una orden ejecutiva que autoriza a los funcionarios de gobiernos estatales y locales evitar que los refugiados se asienten en sus jurisdicciones.