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La historia de la acusación penal contra Rick Perry comenzó con demasiadas bebidas y el arresto por manejar tomada que se hizo a Rosemary Lehmberg, la fiscal de distrito del Condado Travis, suceso captado con penosos pormenores en video.

Pero el conflicto entre los republicanos, quienes controlan el Gobierno estatal, y la demócrata Procuraduría de Distrito lleva años desarrollándose, formando los complicados antecedentes del drama legal en curso conocido como El Estado de Texas v. James Richard ‘Rick’ Perry.

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El lunes el prestigiado equipo defensor de Perry interpuso un recurso para que el cargo mayor sea declarado sin lugar, manifestando que el gobernador de 64 años –y posible candidato presidencial para el 2016– disponía de autoridad constitucional para solicitar la renuncia de Lehmberg. Perry sostiene que Lehmberg no estaba calificada para seguir en el cargo por reprender a unos policías y patear la puerta de una celda después de ser arrestada en abril del 2013. La funcionaria cumplió aproximadamente la mitad de su sentencia de 45 días de cárcel.

Perry y sus abogados han tenido éxito considerable en el tribunal de la opinión pública, alegando que los cargos representan exageraciones más relacionadas con la política que con las leyes.

Pero los críticos de Perry señalan que la acusación presentada por un gran jurado fue avalada por el fiscal especial nombrado por un juez republicano y sin inclinaciones políticas claras para con los juzgados del Condado Travis.

Y en Texas hay quien dice que el contexto político más importante fue la animosidad que Perry albergaba contra la Procuraduría de distrito que, alega la Fiscalía, lo condujo a aprovechar un arresto por conducir en estado de ebriedad en un intento indebido por obligar a Lehmberg a dimitir.

La semana pasada el fiscal especial, Michael McCrum, ex subprocurador federal durante la administración de George Bush, dijo a los reporteros tener un caso sólido contra Perry.

Revanchismo político

En el meollo de Texas vs. Perry se encuentra la Unidad de Integridad Pública adscrita a la Procuraduría de distrito, unidad formada en los años 80 con el fin de entablar acciones judiciales por corrupción oficial aquí en la capital, así como por fraude sobre seguros y delitos financieros.

La instancia ha consignado a más demócratas que republicanos, situación derivada de una era previa de predominio demócrata en Texas. Pero la unidad lleva años en la mira de los republicanos tras encausar a la senadora Kay Bailey Kutchison y al representante Tom DeLay, ambos republicanos.

La transferencia de los fondos y funciones de la unidad a otra instancia fuera de la procuraduría de distrito del Condado Travis, como la Procuraduría general estatal, ha sido un punto recurrente en la plataforma republicana estatal.

Los republicanos han buscado asimismo dicho objetivo a través de proyectos de ley presentados en la Legislatura.

“En el curso de los años la Unidad de Integridad Pública ha sido utilizada con fines de revanchismo político”, dijo Dick DeGuerin, abogado de Houston que representó tanto a DeLay como a Hutchison en los casos, los cuales interpuso Ronnie Earle, el exprocurador de distrito del Condado Travis.

El caso contra DeLay continuó con Lehmberg. La funcionaria ganó en el 2011 las primeras acciones penales de algún republicano de alto perfil cuando DeLay fue declarado culpable y sentenciado a tres años de cárcel por cargos de lavado de dinero y conspiración.

Posteriormente se anuló el fallo de culpabilidad, pero el caso se apeló ante el tribunal de apelaciones penales de mayor instancia en el estado.

En 1993, Earle enjuició a Hutchison, quien ese año había ganado unas elecciones especiales para el Senado, por alegatos de irregularidades como tesorera estatal.

El caso se vino abajo desde que comenzó el proceso, y el juez ordenó al jurado declarar inocente a Hutchison. Tanto Hutchison como DeLay se dijeron víctimas de un fiscal de distrito con motivaciones políticas.

Neutralizarla o quitarla

Tras el arresto de Lehmberg, según la presentación de cargos, Perry amenazó con vetar los fondos estatales destinados a la Unidad de Integridad Pública a menos que ella renunciara. Terminó llevando a cabo la amenaza, bloqueando fondos estatales por 7.5 millones de dólares.

Durante el mensaje que dio sobre el veto, Perry mencionó “la labor fuera de ello buena” realizada por los empleados de la instancia pero dijo no poder apoyar que continuara la partida presupuestal cuando el público había perdido la confianza en la jefa de la dependencia.

Hubo quien especuló la posibilidad de que Perry hubiera considerado otros motivos, incluyendo las oportunidades de poner trabas a una instancia problemática y, de dimitir Lehmberg, de nombrar a un republicano para dirigir una unidad ocupada tradicionalmente por demócratas. “Eran dos por uno”, dijo Harvey Kronberg, editor del boletín político por Internet The Quorum Report.

“Tenía la posibilidad de neutralizarla poniendo ahí a alguien de su lado. O, si ella no renunciaba, la alternativa era quitarle los fondos y hacer que la unidad desapareciera”.

Pero DeGuerin, quien se describe a sí mismo como “un demócrata estilo Lyndon Johnson” y no participa en la defensa del Gobernador, cuestiona la teoría de que Perry hubiera nombrado a algún republicano, citando reportes de medios informativos en el sentido de que, en negociaciones tras bambalinas, la Gubernatura expresó su disposición a dar el puesto al asistente de Lehmberg. Demócratas estatales y nacionales han insistido en la historia de que Perry vetó los fondos a fin de frustrar la investigación que la unidad hacía sobre el Instituto para la Prevención y la Investigación del Cáncer de Texas, uno de los programas que han identificado al Gobernador.

Las indagatorias hechas por la unidad, las cuales se concentraban en el otorgamiento de subvenciones de investigación a compañías entre las cuales se combaban seguidores políticos de Perry, terminó en cargos contra un funcionario de alto nivel del instituto.

Los abogados de Perry atacaron el alegato calificándolo de información errónea, difundiendo el testimonio del agente investigador de mayor nivel en el caso adscrito a la instancia que señaló que Perry y su personal nunca estuvieron implicados en el caso.

Lehmberg había manifestado asimismo que los integrantes del consejo del instituto, todos nombrados por Perry, no eran sujetos de las indagatorias.

Gregg Cox, funcionario con 23 años de experiencia en la Procuraduría de Distrito que encabeza la Unidad de Integridad Pública, dice luchar constantemente contra los conceptos erróneos que la Legislatura tiene en torno al trabajo de la instancia, señalando que los casos de alto perfil contra funcionarios públicos sólo conforman una reducida fracción de su portafolio.

De los 425 casos bajo investigación cuando Perry anunció el 14 de julio del 2013 su veto, explicó, sólo 23 eran contra funcionarios públicos o empleados estatales.

“Los casos de corrupción pública son los que acaparan los encabezados, pero sólo se trata de una porción muy pequeña del trabajo que hacemos aquí”, dijo. En el transcurso de los últimos tres decenios la unidad ha ejercicio acciones judiciales contra 15 demócratas y seis republicanos, con resultados diversos.

La lista de juicios incluye a Earle, quien en 1983 pagó una multa de 200 dólares tras acusarse a sí mismo por una ofensa menor por no presentar a tiempo un reporte de campaña.

Cox reconoce que la unidad es objetivo de críticas políticas. “Sí, definitivamente”, indica.

“A veces la gente nos estrecha la mano y es muy amable con nosotros y dice ‘gracias por el trabajo que hacen’, pero en cuanto camina frente a una cámara de televisión, dice cosas un poco distintas. Y yo lo comprendo. Se trata de funcionarios electos, tienen que complacer a las bases, y eso pasa con ambos bandos. Hay demócratas que nos critican por no ser bastante severos”.

Se espera que el alboroto por los cargos contra Perry intensifique el debate en torno al futuro de la unidad una vez que la legislatura controlada por republicanos vuelva a sesionar en enero. Jane Nelson, directora del Comité de Finanzas del Senado Estatal y que es republicana, dijo The Houston Chronicle que se intentará pasar la instancia a algún sitio “menos partidista”.

La queja que condujo a la acusación contra Perry fue interpuesta por Texanos a Favor de la Justicia Pública, un grupo observador sin afiliación política pero de tendencias liberales que en el 2003 también presentó la demanda que dio como resultado que la unidad investigara a DeLay.

Craig McDonald, el director, considera el hecho de que Perry se refiera como cacería política a los cargos una “gran política” que oculta el hecho de que la procuraduría de distrito del Condado Travis no estuvo involucrada en las indagatorias.

Cuando Lehmberg y la juez Julie Kocurek, una demócrata, se recusaran a sí mismas, dijo McDonald, el caso se asignó al juez republicano Bert Richardson, quien nombró fiscal especial a McCrum.

Los críticos de Perry indicaron asimismo que el Gobernador no tomó ninguna medida contra otros dos procuradores texanos de distrito, uno de ellos reincidente, que fueron arrestados bajo cargos por manejar tomados.

“Rick Perry tiene antecedentes inconvenientes con los republicanos acusados de conducir en estado de ebriedad”, dijo Phillip Martin, subdirector de Progreso Texas, un grupo demócrata. “Sólo hizo algo contra la fiscal de distrito con autoridad para investigar la corrupción en su cargo”.

Lucy Nashed, vocera de Perry, manifestó que los dos casos anteriores no se comparaban con el actual.

“Ninguno de esos dos individuos supervisaban la Unidad de Integridad Pública, la cual recibe fondos de los contribuyentes”, dijo, “y no tenemos ninguna evidencia de que alguno de ellos se haya comportado en forma tan indebida o abusiva con los policías al momento de su arresto”.

Antecedentes de disputas en drama político de Rick Perry