Cada 32 minutos muere una persona en Chile por coronavirus

(AP) — Los contagios del coronavirus no dan tregua en Chile y el jueves se informó que durante la última jornada murió una persona cada 32 minutos.

En total se acumularon 49, lo que llevó el total de decesos a 589 desde la llegada del virus hace dos meses y medio a un país que tiene 57.581 contagiados.

El incremento de nuevos infectados diarios, unos 3.750 los últimos días —de los cuales unos 37 necesitarán camas de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos_, es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, que el jueves anunciaron que a fin de mes el país contará con 3.311 unidades de uso crítico, el triple de las disponibles a principios de marzo en el sistema público.

El sector privado, por su parte, deberá aumentar en 150 sus camas de terapia intensiva el fin de semana y en 720 a mediados de junio. Si no acatan la orden, “no dudaremos en tomar el control de las instituciones que no cumplan”, advirtió el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que ya se están usando las unidades pediátricas de los hospitales del gran Santiago.

Una cuarentena total en la capital y sus alrededores, donde están la mayoría de los muertos e infectados, cumple una semana el viernes e inicia una segunda, sin que de momento se observe una disminución de las infecciones. Varios especialistas opinan que los ocho millones de santiaguinos deberían estar más tiempo en aislamiento.

En Bolivia, los contagios seguían en acelerado ascenso mientras que la cuarentena obligatoria se relajaba por la presión en los barrios populares tras dos meses de encierro.

En el país sudamericano la pandemia también ha intensificado las tensiones políticas, porque la emergencia sanitaria llevó a suspender las elecciones presidenciales que estaban programadas para el 3 de mayo. Por un lado, la presidenta interina Jeanine Áñez hace frente a protestas que reclaman el fin de la cuarentena, y por el otro exigen convocar a elecciones.

Al de por sí complicado panorama que encara la mandataria, que además es candidata, esta semana se sumó un escándalo por la compra de respiradores con sobreprecio que le ha costado el cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Dos regiones del oriente, Santa Cruz y Beni, que concentran el 80% de los contagios, ya están al límite de su capacidad hospitalaria, según las autoridades. Los médicos marcharon en petición de seguridad física después de haber recibido agresiones de vecinos.

En Beni, fronteriza con Brasil, los doctores protestaron vestidos de negro en señal de luto y denunciaron un colapso del sistema de salud local. Además, exigieron que se les dote de implementos de bioseguridad y de medicamentos para los pacientes.

Hasta el jueves el país se acercaba a los 5.000 casos positivos en una jornada en que se reportaron 16 fallecidos, uno de los mayores números en las últimas semanas, con lo que los decesos aumentaron a 215.

Por su parte, Venezuela envió 3.000 funcionarios de las fuerzas de seguridad al estado occidental de Táchira, fronterizo con Colombia, para elevar los controles ante el masivo retorno de venezolanos, algunos de los cuales tendrían coronavirus, desatando un brote en los estados fronterizos que hizo saltar esta semana en más de 50% la cifra de contagios, que ya alcanza 814.

El dirigente oficialista Freddy Bernal dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se desplegaron los efectivos. Bernal, al que se le llama el “protector del Táchira”, afirmó que 78% de los casos de COVID-19 en Venezuela provienen de Colombia.

Maduro acusó la víspera al mandatario colombiano Iván Duque de haber dado la orden para que entren al país venezolanos sin el debido control para que “contaminen a toda Venezuela”, pero no mostró pruebas.

Por la noche se informó que los contagios en el país ascendieron a 872. La cifra de fallecidos se mantenía en diez.

Al respecto, Migración Colombia dijo que 62 mil migrantes venezolanos han regresado a su país, lo que representa un 3,4% de los 1,8 millones que se encuentran en Colombia. En los últimos cuatro días han salido por la ciudad de Cúcuta —fronteriza con Venezuela— al menos 2.736.

En otros temas, un miembro de la seguridad de la presidencia colombiana y 13 soldados del batallón de guardia presidencial dieron positivo al coronavirus, y ahora cumplen una cuarentena. Duque se ha realizado dos veces la prueba y ha salido negativa.

En el país el virus ha dejado 18.330 contagios y 652 muertes.

De otra parte, centenares de aves están en peligro de morir debido a la cuarentena que finalizaría el 31 de mayo. Los animales se encuentran en una finca cercana a la ciudad de Cali y su manutención depende de la ayuda y presencia de las personas que asisten allí. Según Raúl Nieto, propietario del lugar, ya no cuenta con recursos para mantenerlos.

Más tarde, un bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría aseguró que estos organismos se mantienen atentos al uso correcto de los recursos dispuestos para enfrentar la pandemia, lo que incluye verificar contratos, realizar inspecciones e investigar posibles irregularidades.

Se informó que, como parte de ese trabajo, la Fiscalía imputará y solicitará medidas de captura contra diez alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de éstos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Dos alcaldes fueron capturados durante la jornada y se investiga a 14 gobernadores y varios de sus colaboradores por mal manejo de los recursos.

Por la noche Panamá reportó 139 nuevos contagios, totalizando 3.580 casos y 291 fallecidos.

El país centroamericano también anunció un acuerdo con su vecino, Costa Rica, que había paralizado varios días el transporte terrestre de carga por sus fronteras como medida de salud pública por la pandemia. El cierre de las fronteras costarricenses afectó a cientos de camioneros panameños que quedaron varados en el área limítrofe entre ambos países.

Poco después concluyó una reunión virtual entre los presidentes de Colombia, Perú, Chile y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

El presidente peruano Martín Vizcarra reconoció que al inicio del estado de emergencia —hace más de dos meses— Perú no hacía más que mil pruebas diarias, mientras que ahora se llevan a cabo un promedio de 22.500 al día.

“Estamos poniendo énfasis en nuestro sistema de salud y educación para estar mejor preparados en situaciones similares y hacia el futuro”, aseguró.

Por su parte, el mandatario chileno Sebastián Piñera dijo que la pandemia era uno de los peores desafíos de los últimos 100 años y que la cooperación internacional enfrenta un reto.

“Hoy en día no tenemos a nivel mundial una verdadera gobernancia y parte de los problemas que estamos enfrentando es que ha habido muy poca coordinación. Vean ustedes que las dos potencias del mundo como China y Estados Unidos, en lugar de unir fuerzas para liderar el combate de esta pandemia, se han enfrentado permanentemente. Eso no ayuda”.

A su vez, Luis Almagro, de la OEA, señaló que es necesario acumular buenas prácticas, fortalecer las dinámicas de salud y mejorar las prácticas comunitarias.

“Tenemos que ser más conscientes, primero de nuestra responsabilidad de no exponer a los demás miembros de nuestras comunidades a los efectos de la pandemia; tenemos que luchar juntos para que esa responsabilidad sea un patrón de nuestras democracias”, afirmó.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei anunció que el número de casos detectados el jueves llegó a los 247, con lo que ya suman 2.465 casos positivos, más 48 fallecidos.

Giammattei llamó a la población a la “unidad y tranquilidad y a la disciplina”, pidiendo a la población mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y proteger a los adultos mayores.

En México, las cifras de contagiados y fallecidos continuaron el jueves en un ascenso más rápido que en semanas anteriores al rozar casi los 60.000 casos confirmados, con al menos 6.510 muertos. Pero la principal preocupación de las autoridades es la ocupación hospitalaria, porque cada vez hay más casos activos sobre todo en la Ciudad de México y su zona conurbada. La alcaldesa de la urbe, Claudia Sheinbaum, dijo que ya están cerca del 80% de ocupación.

Por otro lado, en El Salvador la Asamblea Legislativa pidió al presidente Nayib Bukele que no vete la recién aprobada Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el marco de la pandemia.

En su pronunciamiento, los diputados le piden al mandatario que, en el actual contexto, es imperativo unir todos los esfuerzos de la ciudadanía y las distintas autoridades para el combate del COVID-19.

El diputado Carlos Reyes del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) sostuvo que la confrontación no los lleva a nada, y pidió a Bukele que, en lugar de vetar la ley, le haga observaciones, las que afirmó serían examinadas para aprobar una legislación que deje satisfechos a todos.

Por su parte, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que contempla el Estado de Emergencia, la cuarentena y la reapertura gradual de la economía del país.

Los diputados se limitaron a recibir el documento, pero no lo discutieron durante la sesión plenaria, dejándolo para que la Comisión Política lo estudie el lunes.

Entretanto, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, respondió a Bukele que la comisión no tiene competencia para resolver las controversias entre dos o más órganos de Estado. De hecho, ningún organismo ni algún tribunal internacional aceptaría un caso de controversias entre órganos del Estado.

Bukele había anunciado que demandaría a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la CIDH por violar el derecho a la salud y la vida de los salvadoreños.

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