Colombia: Rastreo satelital con GPS, ¿protección o acecho?

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La periodista Claudia Julieta Duque posa para una foto en Bogotá el 29 de julio del 2022. Duque reveló que el gobierno usa un sistema de rastreo satelital con GPS en los vehículos que asignó a personas que podrían correr peligro, incluida ella misma. Sostiene que eso hace que se sienta más insegura todavía. (AP Photo/Fernando Vergara)

Se supone que los vehículos blindados que asigna el gobierno colombiano a cientos de individuos que podrían ser blanco de atentados aumenta su seguridad. Pero cuando una periodista descubrió que estaban equipados con rastreadores satelitales, se sintió más vulnerable todavía. Y furiosa.

Nadie le había informado a Claudia Julieta Duque –ni aparentemente a los más de 3.700 periodistas, militantes de la causa de los derechos humanos, líderes indígenas y sindicalistas que usan esos vehículos– que ese equipo seguía sus pasos. En el caso de Duque, lo hacía hasta cada 30 segundos. El sistema podía también apagar el motor de la camioneta.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 500 líderes sociales han sido asesinados desde el 2016. Es también un país donde extremistas de derecha han operado dentro de los organismos de seguridad.

Para Duque, la revelación de que seguían paso a paso sus movimientos fue escalofriante: Personas que ya corrían peligro de ser asesinadas por su activismo político estaban siendo rastreadas con tecnología que podía ser usada en su contra.

“Es una vaina superinvasiva y muy grave”, dijo Duque, quien ha estado perseguida por agentes del aparato de seguridad durante años. “Y al estado no parece importarle”.

El organismo del gobierno responsable de este programa dice que los rastreadores son instalados para prevenir robos, seguir los pasos de los guardaespaldas que a menudo conducen esos vehículos y facilitar la respuesta ante situaciones de peligro.

Durante una década, el gobierno ha estado instalando rastreadores en los vehículos blindados usados por individuos en peligro y grandes personalidades, incluidos presidentes, ministros y senadores. El director de la dependencia confirmó esto luego de que Duque se enteró el año pasado de que el sistema estaba registrando la ubicación de su camioneta un promedio de cinco veces por hora.

El funcionario restó importancia al tema de la privacidad y dijo que esa era una práctica “fundamental” para garantizar la seguridad de las personas.

Duque considera que el rastreo de sus movimientos es un peligro para ella y para sus fuentes, y pidió detalles sobre las capacidades del equipo. La Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, no aportó muchos. Ella exigió entonces que le retirasen ese equipo, algo que fue denegado. Como consecuencia de ello, en febrero devolvió el vehículo, se fue del país y acudió a los tribunales.

Ahora, de vuelta en Colombia, espera que sus inquietudes sean satisfechas cuando asuma Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, el 7 de agosto.

El equipo de transición de Petro no respondió a preguntas de la Associated Press sobre este tema.

La decisión que tome Petro en relación con este asunto podría revelar hasta qué punto está comprometido con la causa de los derechos humanos y en qué medida puede reformar un aparato de seguridad nacional dominado por sus acérrimos rivales políticos.

La UNP es un pilar del aparato de seguridad. Emplea, sobre todo como guardaespaldas, a decenas de ex agentes de la antigua DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), disuelta en el 2011 luego de que trascendiese que el gobierno de Álvaro Uribe la había usado para espiar a jueces de la Corte Suprema, a periodistas y a rivales políticos.

Entre ellos, el propio Petro y Duque.

Ella fue vigilada, amenazada y hostigada por elementos de la DAS después de descubrir pruebas de que el asesinato en 1999 de Jaime Garzón, un humorista y pacifista muy querido, había sido un crimen del estado.

La investigación de Duque ayudó a que un ex subdirector de la DAS fuese condenado por el asesinato y a que otros tres ex agentes de la DAS fuesen condenados por torturas psicológicas tras amenazar a Duque y a su hija.

Otros ocho imputados tienen juicios pendientes.

En total, Duque tuvo que exiliarse temporalmente casi una docena de veces por su trabajo.

El rastreo satelital se sumó a una serie de inquietudes en torno a un organismo que alguna vez fue uno de los más efectivos de América Latina en lo que respecta a la protección de los derechos humanos. Adam Isacson, analista de la Washington Office on Latin America, dijo que con el tiempo la UNP se fue politizando y fue penetrada por delincuentes bajo el gobierno conservador saliente.