Casi un centenar de mujeres que participaban en un programa de planificación familiar para familias de escasos recursos en el departamento de Arauca, en Colombia, se llevaron la sorpresa de su vida cuando en el año 2008 descubrieron que estaban embarazadas a pesar de haber estado recibiendo anticonceptivos gratuitos.
Eventualmente, las autoridades informaron a las mujeres que habían sido víctimas de versiones falsas de un anticonceptivo inyectable llamado Nofertyl. Y aunque uno de los distribuidores fue a dar a la cárcel y a otro la fiscalía colombiana le acaba de imputar cargos, cinco años más tarde las víctimas de la estafa aún siguen esperando ser resarcidas por el estado colombiano.
El abogado Hugo Quinteros, quien representa a las mujeres en su demanda contra el Estado, dijo a la prensa que se ha demandado a la Empresa Social del Estado porque esa empresa contrató, compró y era la encargada de todo el plan de planificación familiar. “Se pide una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la recreación, la salud, la alimentación de un menor, con los gastos que implica sacar adelante la vida y el desarrollo de un menor”, explicó el abogado.
Sin embargo, solamente la mitad de las victimas no entraron en la demanda por miedo al que dirán. Según muchas de ellas, fueron criticadas y avergonzadas… por haber participado en el programa. “¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos más adelante, que fueron un error?” –comentaron a la prensa-. Pero no se trata de eso, sino que estamos luchando por un derecho que tenemos: el derecho a elegir cuántos hijos queremos tener, el derecho a elegir un buen servicio”.
Ojalá todas las mujeres se dieran cuenta que tienen que luchar por sus derechos, y que el estado tiene la obligación de ayudar a sus familias.
Colombianas luchando por sus derechos
