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La comunidad inmigrante recibe un respiro de alivio, luego de que la Corte Suprema decidiera invalidar una disposición de la ley federal, que exige la deportación obligatoria de inmigrantes condenados por algunos “crímenes de violencia”.

De acuerdo a la Corte, la ley federal en la agenda del presidente Donald Trump es “inconstitucionalmente vaga”.

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El golpe contra la administración federal fue dado este martes por el juez conservador Neil Gorsuch, quien se unió a los jueces más liberales con un voto de 5 a 4 invalidando el estatuto federal.

“Estamos agradecidos con los jueces que tuvieron la sabiduría de ver que esta ley federal era injusta, para los que han cometido delitos menores”, dice Andrés Fuentes, integrante de Interfaith Communities United for Justice and Peace.

“Este veredicto hace precedente a nivel nacional… Y nos recuerda que el presidente no tiene todo el poder”, agrega.

El fallo podría beneficiar especialmente a los residentes legales permanentes que viven Estados Unidos, al limitar los tipos de crímenes que podrían justificar la deportación obligatoria y automática.

La decisión del tribunal podría dar a los inmigrantes legales más oportunidades para evitar la deportación por delitos de bajo nivel, que califican como delitos graves con arreglo a algunas leyes estatales.

“Las leyes vagas invitan al poder arbitrario”, escribió Gorsuch al momento de dar su voto.

La decisión no interfiere con la capacidad del gobierno de deportar a las personas que son condenadas por delitos claramente violentos, incluidos el asesinato y la violación, así como el tráfico de drogas y otros delitos graves.

El caso, Sesiones v. Dimaya, se originó durante la administración de Barack Obama.

Solo ocho jueces escucharon el caso el último trimestre, después de la muerte de Antonin Scalia, y a fines de junio, el tribunal anunció que volvería a escuchar los argumentos, esta vez para que el juez Gorsuch pudiera escucharlo.

James García Dimaya, originario de Filipinas, fue admitido a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años como residente legal permanente.

En el 2007 y 2009, él no se opuso a los cargos de robo residencial en California. En el 2010, el gobierno de Obama presentó un proceso de deportación contra Dimaya.

Un juez de inmigración determinó que Dimaya era removible de Estados Unidos debido a sus dos condenas en un tribunal estatal.