Fiscales de EEUU impulsan cambios ante protestas raciales

Tras las protestas por la muerte de George Floyd, fiscales de todo Estados Unidos están desafiando sus relaciones tradicionalmente cordiales con los departamentos de policía al procesar rápidamente a agentes por asesinato, agresión y otros delitos, y retirar cargos contra manifestantes.

Hace apenas unos pocos años, cuando se desataban protestas por muertes de hombres negros a manos de la policía, rara vez se detenía a los agentes por supuestos delitos penales durante las manifestaciones. Ha sido inusual que se presentaran cargos contra la policía por muertes de civiles, y obtener una condena era aún más difícil.

Pero la tendencia podría estar cambiando, liderada por fiscales progresistas que presionan para conseguir reformas de la justicia penal que exijan más responsabilidades a la policía por las malas prácticas.

“Los fiscales se dan cuenta de que les están mirando”, dijo Mark Dupree Sr., fiscal de distrito para el condado Wyandotte de Kansas, que incluye Kansas City. “Mi esperanza es que este sea un cambio y que estemos cambiando de tendencia”.

La fiscalía del condado de Fulton acusó el miércoles de asesinato al agente de Atlanta Garrett Rolfe por un tiroteo durante un aviso por ebriedad que se torció cerca de un Wendy’s. El otro agente implicado en la muerte de Rayshard Brooks afronta cargos más leves. El tiroteo ocurrió hace menos de una semana.

Derek Chauvin, el agente que apretó el cuello de George Floyd con la rodilla cuando estaba reducido en el piso, fue acusado de asesinato días después de la muerte de Floyd. Otros tres agentes fueron acusados poco después.

En la mayoría de los casos, pasan meses, si no años, hasta que se presentan cargos contra un agente por una muerte en estado de servicio.

Mientras tanto, en la Ciudad de Nueva York, un policía grabado en video empujando a una mujer al piso afrontaba cargos penales, y fiscales en Buffalo acusaron de agresión a dos agentes después de que un video les mostrara derribando a un manifestante de 75 años. Se han presentado cargos de agresión contra policías de Atlanta que dieron el alto a un auto en relación a las protestas. En Filadelfia, un policía afronta cargos de agresión con agravantes por un video que le muestra golpeando en la cabeza con una porra de metal a un estudiante que se manifestaba.

Y en Chicago se investiga si más de media docena de policías incumplieron la ley, después de que imágenes de una cámara de seguridad les mostraran pasando el rato en una oficina situada a pie de calle y que tenía las ventanas reventadas, haciendo palomitas de maíz y durmiendo la siesta en un sofá mientras había saqueos en un centro comercial cercano.

“Este es el momento de ser agresivos”, dijo Kim Foxx, la primera mujer negra en ocupar el puesto de fiscal jefe en Chicago, sobre presionar para que se revisen los contratos con la policía que han permitido a los agentes que abusan de su cargo eludir los cargos.

Su fiscalía estudia si los agentes que parecían tan poco interesados en medio del caos cometieron un delito o seguían órdenes, lo que podría implicar que no pueden ser procesados.

Los fiscales también investigan si algunos agentes cubrieron sus placas identificativas durante las protestas, apagaron sus cámaras corporales o emplearon sus porras contra manifestantes sin motivo. Por el momento no se han presentado cargos.

En Manhattan, Miami y Houston se han retirado cargos contra cientos de manifestantes detenidos por delitos menores como incumplir toques de queda, asamblea ilegal o allanamiento.

Foxx y otros fiscales elegidos en las urnas tras prometer reformar en la justicia penal están aprovechando el momento, impulsando propuestas para derogar las leyes que mantienen en secreto los historiales de los agentes y prohibir que los fiscales reciban financiamiento de campaña y apoyos explícitos de sindicatos policiales.

En el pasado y con demasiada frecuencia, señaló Foxx, los negociadores se resistían a hacer mucha presión para que se reformaran los contratos de los sindicatos policiales por miedo a parecer hostiles hacia la policía. Eso ha cambiado ahora, señaló, que la ciudad trabaja en un nuevo contrato.

“La política de no querer aparecer como en contra del sindicato policial ha terminado”, afirmó.

Transformar los convenios colectivos que durante décadas atesoraron la protección a los agentes acusados de malas prácticas “es la pieza más importante de reforma de la justicia penal que puede ocurrir”, dijo Foxx.

También la fiscal jefe de Boston está chocando con el mayor sindicato policial de la ciudad.

Los agentes acusan a Rachael Rollins, la primera mujer de color en servir como fiscal de distrito en Massachusetts, de incitar a la violencia contra la policía, tras tuitear: “La policía nos está asesinando a voluntad… No más palabras. Exigid acciones”. Rollins rechazó las críticas.

Sin embargo, Rollins dijo en una entrevista que “no se pueda echar toda la culpa a la policía”, señalando que los fiscales no han hecho rendir cuentas a los agentes responsables de delitos.

“Los fiscales de distrito han sido cómplices y coconspiradores en esta falta de supervisión. Y merecemos que se nos llame la atención por ello. Es precisamente por eso por lo que me presenté al cargo”, dijo Rollins, fiscal de distrito del condado de Suffolk.

En Kansas City, Dupree dijo que tiene previsto ampliar una división independiente que se dedicará a investigar las acusaciones de fuerza excesiva o malas prácticas policiales, y habilitará una línea directa para que la gente pueda hacer denuncias sobre agentes.

El fiscal del distrito de San Francisco anunció este mes una nueva política para asegurar que los fiscales revisan todas las pruebas disponibles, como imágenes de las cámaras corporales, antes de presentar cargos contra personas acusadas de resistirse a detenciones o agredir a agentes. El fiscal de distrito, Chesa Boudin, dijo que el sistema está diseñado para asegurar que no se presentan cargos de forma injusta.

“Durante décadas no tuvimos los beneficios de medios sociales, de grabaciones de celulares o imágenes de cámaras corporales. Ahora los tenemos, y depende de nosotros no aceptar simplemente la versión escrita en un informe policial en estos casos”, dijo.

Algunos legisladores propusieron crear fiscales estatales independientes para investigar los casos de abusos y malas prácticas de la policía, en parte porque los fiscales locales trabajan cada día de cerca con la policía.

Pero en el pasado, los fiscales de distritos han sido reacios a ceder sus competencias de investigación. Y la política ha malogrado al menos un intento de apartarlos de los casos sobre la policía.

El grupo de fiscales de condado de Minnesota recomendó poner al secretario de Justicia del estado a cargo de procesar todos los casos de muertes relacionadas con la policía, pero líderes del Senado, controlado por republicanos, rechazaron la propuesta porque desconfían del combativo y progresista secretario.

Pero el secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, un republicano, está presionando a los legisladores para que den a su oficina las competencias para investigar y procesar los casos en los que la policía mata gente.

“Los conflictos de interés aparentes o reales en estos casos espantosos sólo servirán para erosionar más la confianza pública en nuestras instituciones”, escribió Paxton en una columna en el periódico Austin American-Statesman.

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