Advertisement

La muerte de un concejal opositor mientras estaba bajo la custodia del gobierno venezolano ha levantado dudas en el país y en el exterior.

Fernando Albán murió el lunes en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) tras presuntamente lanzarse desde el décimo piso cuando iba a ser trasladado a tribunales, según la Fiscalía. Pero la oposición ha rechazado la versión del gobierno insistiendo que se trata de un asesinato.

Advertisemen

Albán, de 56 años, fue detenido el viernes en el aeropuerto internacional de Caracas tras arribar procedente de Nueva York, según su abogado. Estaba en Estados Unidos acompañando a otros miembros de su partido Primero Justicia en reuniones con dignatarios extranjeros que asistieron a la Asamblea General de la ONU. Fue arrestado por su presunta relación con el supuesto atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro en un desfile militar en agosto.

El fiscal general, Tarek Saab, indicó en el canal del estado VTV que Albán, “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío”. Mientras que el ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló en Twitter que Albán se encontraba “en la sala de espera” de la sede del Sebin y “se lanzó por una ventana de las instalaciones”.

El partido político al que pertenecía Albán, Primero Justicia, ha rechazado las declaraciones de la Fiscalía explicando que el concejal era una persona de “profundos valores cristianos”. Aseguran en un comunicado que el político fue “asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro”.

Asimismo, el abogado del concejal, Joel García, criticó que el fiscal haya señalado a “a priori” que se trató de “un suicidio” y señaló que esto solo “indica el sesgo” que tendrán las averiguaciones.

El jurista resaltó que “toda persona que se encuentra privada de su libertad está bajo las órdenes y el cuidado del Estado” al tiempo que recordó que este domingo visitó a su defendido, quien dice se encontraba sereno y sin un rasguño, pero que tenía información de que había sido sometido a presiones.

Por su parte, Julio Borges, líder del partido Primero Justicia, denunció en su cuenta de Twitter que funcionarios del Sebin le proporcionaron información de que “el cuerpo de Albán fue lanzado sin vida”.

“Hablé con su esposa (…) y me dijo que todas las personas que hablaron con él ayer lo vieron fuerte, sólido, con convicción, contó que lo estaban presionando para incriminar a toda una cantidad de gente con el tema del magnicidio y hoy vemos el resultado de eso”, dijo el diputado Borges, quien también ha sido acusado por el gobierno de estar vinculado al supuesto atentado contra Maduro.

Primero Justicia también indicó en su cuenta de Twitter que el cuerpo del opositor fue entregado “sin procedimientos mínimos forenses”.

La muerte del concejal además ha provocado la reacción de los distintos partidos de la oposición venezolana y de la comunidad internacional.

El partido Vente Venezuela de María Corina Machado; Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López; Un Nuevo Tiempo (UNT) del presidente del Parlamento, Omar Barboza; la Causa R del dirigente Andrés Velásquez y otros han expresado sus condolencias a los familiares del concejal y han pedido una investigación por este hecho del que responsabilizan al Gobierno.

Ravina Shamdasani, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó este martes que el órgano pedirá una investigación imparcial sobre la muerte de Albán. Shamdasan agregó que los funcionarios venezolanos estaban obligados a garantizar la seguridad de Albán mientras estaba bajo su custodia.

“Pedimos una investigación transparente para aclarar las circunstancias”, agregó. Luis Almagro, titular de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y un crítico acérrimo del gobierno de Venezuela, sostuvo en Twitter que la muerte de Albán es “responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida”.

“Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela”, agregó.

Las autoridades detuvieron a más de 17 personas por el ataque con drones, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y al diputado opositor Juan Requesens.

Venezuela solicitó además la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes está el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, radicado desde hace meses en Bogotá.

Albán es el segundo opositor que muere estando detenido en el Sebin. En marzo de 2015 las autoridades reportaron el suicidio de Rodolfo González, un expiloto civil de 63 años, quien se ahorcó dentro de su celda tras ser detenido por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de 2014.

En Venezuela hay 252 presos políticos, según la organización Foro Penal.