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La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, designó hoy de forma unánime al joven diputado Juan Guaidó, de la formación Voluntad Popular (VP), como su nuevo presidente para el año de sesiones que comienza.
El antichavismo ya había adelantado que Guaidó, un ingeniero de 35 años, sería investido como líder de la Cámara en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad suscrito por la oposición, según el cual le corresponde este año el mando a VP, partido fundado por el opositor preso Leopoldo López.
El diputado Édgar Zambrano, de la formación Acción Democrática (AD); y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo (UNT) fueron designados como primer y segundo vicepresidente del Legislativo respectivamente tras obtener la mayoría de los respaldos.

Antes de la votación, un supuesto artefacto explosivo fue hallado en la sede del Parlamento venezolano y fue retirado sin que se hayan registrado daños, horas antes de que se designara la nueva junta directiva de la cámara, denunciaron varios diputados opositores.

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Guaidó llamó hoy a los diputados a trabajar para generar una transición política en el país que ponga fin al Gobierno chavista y permita “elecciones libres”.
“Convocar, crear, generar las condiciones para un Gobierno de transición que con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las fuerzas armadas logremos definitivamente elecciones libres”, dijo el legislador en su primer discurso tras ser investido como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Aseguró que a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro tiene previsto jurar como jefe de Estado reelegido, la Presidencia de la República estará “usurpada” y por ello la Cámara asumirá “la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional”.
Una vez Maduro tome juramento, tras haber triunfado en unos comicios no reconocidos por numerosos Gobiernos y en los que no participó el grueso de la oposición, la AN declarará la usurpación del cargo, y conformará un Consejo de Transición.
Este órgano, detalló Guaidó, trabajará para la “restitución del orden constitucional, la lucha contra la usurpación y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional”.
“Hoy está suficientemente claro que Maduro es un dictador (…) y como tal no se va a dar cuenta de manera alegre que vamos mal, no va a hacer una concesión graciosa a toda la exigencia y necesidad y clamor de un pueblo, debe ser producto de la acción legislativa, del derecho a protestar constitucionalmente”, dijo.

Manifestó también su interés por retomar la designación de autoridades, un proceso que ya intentó al nombrar magistrados del Supremo, todos hoy exiliados o procesados por la justicia venezolana.
Asimismo, la Cámara planea promover este año “la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales para impulsar la cooperación humanitaria y la restitución del orden constitucional”.
La oposición ha pedido al Gobierno que acepte la ayuda que han ofrecido varios países para resolver la escasez de alimentos y medicinas pero el chavismo niega la existencia de una crisis humanitaria y denuncia la intención de injerir en asuntos internos por parte de otros Gobiernos.
La fracción opositora “16 de julio” adelantó que apoyaría de forma condicionada la elección de Guaidó pero no las de Zambrano y González pues, argumentan, “distan mucho” del accionar de sus formaciones, aunque todas son contrarias al Gobierno de Nicolás Maduro.

Esta escisión del antichavismo espera que la nueva directiva asuma el mando del Ejecutivo en vista de que Maduro planea juramentarse como presidente reelegido el 10 de enero tras haber triunfado en unos comicios señalados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos Gobiernos.
La directiva de la Cámara la completan el diputado Edinson Ferrer como secretario y José Luis Cartaya que repite como subsecretario.
A la sesión de hoy acudieron alcaldes y concejales opositores, representantes sindicales, dirigentes políticos, un centenar de diputados y una veintena de representantes diplomáticos.
Luego de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños, el Supremo declaró a la AN en desacato por lo que sus actos son considerados nulos y Maduro no rinde cuentas a los diputados desde 2016.