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La Fiscalía mexicana aseguró que ha comprobado “científicamente” que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cartel narcotraficante Guerreros Unidos. No obstante, los padres de los jóvenes rechazaron rotundamente esa versión y reclaman que se siga adelante con la investigación.

Cuatro meses y un día después de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar las conclusiones del caso.

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Pese a que sólo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos. Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el “Cepillo”, el último capturado, quien dirigió supuestamente la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.

El fiscal confirmó así que a raíz de 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos “ha quedado acreditado” de modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.

Aunque “cerrar el caso no es la palabra adecuada”, los elementos de la averiguación “son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron”, dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes “que en otros muchos casos”.

“Hay cuatro confesiones de autores materiales”, “confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes” y, además, han sido identificados “plenamente” cuatro de los estudiantes.

En tanto, los padres de los 43 jóvenes afirmaron que no hay pruebas científicas que confirmen que sus hijos fueron asesinados e incinerados y acusan a la fiscalía mexicana de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones.

“Repudiamos la forma en que el procurador (Jesús Murillo) pretende cerrar de manera descarada” la investigación, “violentando” los acuerdos alcanzados con el presidente Enrique Peña Nieto, dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz.

“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, apuntó, y agregó que los padres van a mantener su lucha “hasta que se nos demuestre de manera científica” lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, mencionó varios argumentos por los que aún debe permanecer abierta la investigación del caso, que hasta ahora -dijo- “no es concluyente”, y anunció que acudirán a instancias internacionales. Dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, en el marco de la evaluación a México en la materia.

Entre los puntos débiles, señaló que los peritajes tenían que ser avalados por los peritos argentinos dado que la fiscalía cuenta con un “largo historial” de cambios “a modo” de las pruebas, así como las declaraciones de detenidos obtenidas “bajo coacción”.

Los testimonios de integrantes de una organización criminal no pueden tener toda la contundencia “en términos probatorios”, dijo Rosales, quien aludió a inconsistencias entre la versión de los policías, que aseguraron que los jóvenes habían sido asesinados y enterrados en fosas, y la de Guerreros Unidos.

La Fiscalía concluye que los 43 estudiantes mexicanos fueron asesinados