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TUCSON — El 53 por ciento de los posibles votantes se opone a que los menores indocumentados centroamericanos recién llegados al país ingresen a las escuelas públicas, de acuerdo a un encuesta dada a conocer por Rasmussen Reports.

Por contra, el 32 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo en que estos menores asistan a las escuelas públicas, mientras que el 14 por ciento se mostró indeciso.

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Todos los niños que viven en el país tienen derecho a asistir a la escuela pública, independientemente de su estatus migratorio, tal y como lo establece la ley federal.

En numerosos distritos del país se ha registrado un aumento de estos jóvenes inmigrantes tras la avalancha de 60,000 menores centroamericanos que atravesaron sin compañía de un adulto la frontera sur del país desde octubre del 2013 huyendo de la violencia en sus países.

La llegada de los menores provocó que el gobierno Federal tuviera que establecer albergues en varias ciudades mientras se establecía la identidad de los menores y si podían ser entregados en custodia temporal a algún familiar en los EEUU.

Los niños, provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, poco a poco han sido entregados a familiares que viven en diferentes estados del país, en los que el curso escolar ya comenzó o lo harán en las próximas semanas.

El Superintendente de Educación del Estado de Arizona John Huppentahal envió el miércoles una carta al Gobierno Federal en la que pide un millón de dólares extras al presupuesto para cubrir el costo de la educación de 202 de niños indocumentados .

La encuesta se realizó días 16 y 17 de agosto a 1,000 posibles votantes.

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Mayoría de posibles votantes se oponen a menores ilegales en escuelas públicas