México: Filtran nuevo video en pleno escándalo de corrupción

(AP) — La insistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la difusión pública de un escándalo de corrupción que se extiende con rapidez podría complicar la investigación, y genera dudas sobre si haría lo mismo si las acusaciones fuesen contra sus partidarios en lugar de contra figuras de la oposición.

Estas dudas surgieron el jueves luego de la aparición de un nuevo video en el que un hombre, que ahora es un funcionario de alto nivel en el gobierno de López Obrador, entrega un paquete de dinero en efectivo al hermano del presidente en 2015.

David León fungió hasta hace poco como director de defensa civil y estaba previsto que asumiese los esfuerzos para la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y adquiciones médicas. Pero tras la aparición de la grabación, León dijo que no aceptará el nuevo cargo “en tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar” al gobierno.

En su cuenta de Twitter, León explicó que el video era de hace cinco años, cuando era un consultor político privado y no ostentaba ningún cargo público. En ese momento recolectaba “recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Además de entregar un sobre con unos 20.000 dólares a Pío López, el hermano del presidente, León habla de darle en total unos 100.000 dólares en el curso de varios meses. En la grabación puede escucharse como los dos hombres discuten asuntos como conseguir micrófonos y escenarios, al parecer para los actos a pequeña escala que realizaba López Obrador en aquel momento.

No estaba claro si se cometió ilegalidad alguna. Las donaciones de campaña privadas están estrictamente reguladas en México, pero entonces López Obrador no era candidato a ningún cargo público.

Y las cifras que se discutían eran pequeñas en comparación con los reportes de sobornos de decenas de millones de dólares que, según el exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, se entregaban durante el gobierno del anterior presidente, Enrique Peña Nieto.

El funcionario que realizó estas afirmaciones, Emilio Lozoya, fue extraditado desde España el mes pasado para enfrentar cargos de lavado de dinero y comenzó a cooperar con las autoridades de inmediato.

El testimonio de Lozoya se filtró esta semana, y López Obrador parecía no tener remordimientos. Ha dicho que quiere que la población vea los detalles de la supuesta corrupción que por el momento ha salpicado a al menos tres expresidentes y a más de una docena de políticos más.

Pero las denuncias de Lozoya apuntan claramente a los dos predecesores de López Obrador en la presidencia — Peña Nieto y Felipe Calderón — además de a sus dos oponentes en las últimas elecciones, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Además se centran en la corrupción que rodeó una privatización energética de 2013 a la que el actual mandatario siempre se opuso con contundencia.

Peña Nieto no ha comentado públicamente las acusaciones, pero los demás aludidos las han rechazado con contundencia.

Calderón dijo que las acusaciones tienen motivaciones políticas. En un mensaje en su perfil de Twitter, señaló que la filtración del documento confirma que López Obrador está utilizando a Lozoya “como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”.

Lozoya acusó a Peña Nieto y a sus colaboradores más cercanos de utilizar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ayudarse a ganar la presidencia y después aprobar la reforma del sector energético que podría beneficiar enormemente a esa firma, entre otras. Para esto se compraron los votos de algunos legisladores de la oposición, añadió. Otras denuncias se remontan al gobierno anterior de Calderón.

López Obrador no pareció molesto por la filtración del testimonio y el jueves dijo que quiere que el público vea un video entregado por Lozoya a la fiscalía en el que se muestra a políticos de la oposición metiendo fajos de billetes en una bolsa de lona. La grabación se filtró esa semana, pero no estuvo claro quién lo hizo.

El dirigente manifestó además que quiere que los mexicanos lean la declaración completa de Lozoya sobre la supuesta corrupción en los ejecutivos previos, algo que también se había filtrado.

La Fiscalía General prometió el miércoles que investigará las filtraciones.

Presionado acerca de si estaría satisfecho si las acusaciones de corrupción se hacen públicas pero los implicados no son procesados, López Obrador dijo que eso dependería del fiscal.

“No estamos persiguiendo a nadie, nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción”, dijo López Obrador.

Además de poner a muchos de los rivales del presidente a la defensiva, durante el último mes el escándalo ha desviado la atención de la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 58.000 muertos en el país, cuya economía se prevé que se contraiga un 10% este año.

El escándalo y las especulaciones que lo rodean se aceleraron en julio, cuando Lozoya alcanzó un acuerdo con las autoridades mexicanas para dejar de luchar contra su extradición y cooperar con la investigación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha expresado su incomodidad con la cantidad de declaraciones públicas de López Obrador sobre el caso. Gertz Manero es el primero en dirigir al fiscalía luego de reformas para hacerla más autónoma.

“Esto le da realmente mucha importancia a cómo Gertz marca su autonomía del poder ejecutivo”, dijo Maureen Meyer, vicepresidenta de programas y directora para México y derechos de migrantes del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

En un reporte publicado esta semana, el grupo de expertos y activistas con sede en Washington dijo que probablemente el motivo para dar más autonomía a la fiscalía general “era precisamente eliminar la influencia política en las investigaciones criminales”.

La fiscalía debe recopilar evidencias para respaldar las acusaciones de Lozoya o alentará a los críticos que dicen que la investigación es realmente una forma de atacar a rivales políticos, añadió Meyer. La constante publicación de detalles de la pesquisa supone un riesgo. Pero si México consigue enjuiciar a un expresidente, sería dificil sobreestimar su impacto.

“Este sería un claro indicio de que México está trabajando para pasar página en la tolerancia a la corrupción en el país”, dijo. “Pero, una vez más, tiene que basarse en evidencias que puedan ser demostradas ante un tribunal”.

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