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Los niños separados de sus padres inmigrantes indocumentados en EEUU será tema central en la cita de los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras con el vicrepresidente Mike Pence, que tendrá lugar el jueves, después de que un tribunal estadounidense ordenó reunificar a las familias.

El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, “tiene previsto abordar en esta reunión, con especial énfasis, la situación de los niños migrantes que han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos”, señaló hoy la Presidencia de El Salvador.

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Pence llegará este jueves a Guatemala para cerrar una gira latinoamericana durante la que ya afirmó, en relación con los centroamericanos, que “si no tienen condiciones de entrar legalmente” a Estados Unidos “no vengan”.

“Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró Pence el martes en Brasil, la primera parada de una gira que lo llevó este miércoles a Ecuador.

El Triángulo Norte Centroamericano que componen El Salvador, Honduras y Guatemala es un generador de emigrantes: miles huyen de la violencia (13.129 homicidios en 2017) causada por las pandillas y el narcotráfico trasnacional, que se suman a las pocas oportunidades que ofrece la región en materia de educación y empleo.
Los tres Gobiernos expresaron abiertamente su rechazo a la práctica de separar a los niños migrantes de sus padres. Mientras el presidente hondureño, Juan Orlado Hernández, la tildó de práctica “inhumana”, su colega de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que ponía en juego la “grandeza y nobleza” de Estados Unidos.

De acuerdo a cifras oficiales, al menos cerca de 500 de los niños separados son guatemaltecos y otro medio centenar salvadoreños.

Y los tres países del Triángulo Norte también mostraron su beneplácito por la suspensión de esa práctica a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario Donald Trump, el pasado 20 de junio, que sin embargo dejó muchas dudas y planeó exigencias por parte de organismos defensores de los derechos humanos.

El martes que Pence lanzaba su dura alerta a los centroamericanos desde Brasil, un tribunal de San Diego (EEUU) ordenaba al Gobierno de Trump reunificar a los miles de niños separados de sus padres en un plazo de máximo de 30 días, aunque en el caso de los de menores de 5 años, debe ser en dos semanas.

La decisión supone un duro golpe para la Casa Blanca, que había instaurado en abril pasado la llamada política de “tolerancia cero”, que estipulaba que cualquier menor que entrará de manera irregular en el país debería ser separado de sus padres mientras estos se encontraban presos a la espera de juicio.