Cada día se pone en duda la actuación del Gobierno venezolano en las elecciones presidenciales del 14 de abril, 2013. El régimen de Nicolás Maduro incurrió en una serie de delitos electorales que generan dudas sobre el resultado de los comicios, concluyó una misión de observadores independientes del Instituto de Altos Estudios Europeos que estuvo presente en Venezuela durante la jornada de votación. El presidente del instituto, Gustavo Palomares, quien encabezó la misión, dijo creer que los delitos electorales pudieron haber alterado el verdadero resultado de los comicios. “Yo creo sin duda que pudo haber habido una alteración importante en cuanto al resultado final”, declaró Palomares desde España, ofreciendo una opinión como experto electoral que va más allá de las conclusiones del informe, escribió Antonio María Delgado, periodista de el Nuevo Herald.
“Creo que ante ese margen tan escaso de votos y con más de 1,300 incidencias contabilizadas, y teniendo en cuenta que no se han cruzado los tres instrumentos de control de voto, que son el recuento en voto automático, el recuento en acta y en cuaderno de escrutinios, y teniendo en cuenta las bases fundadas que establecen que los delitos electorales fueron cometidos sin duda posible y que la alteración haya ocurrido, explicó Palomares en una entrevista telefónica. En su informe, la misión de observadores también cuestionó la legalidad de la candidatura de Maduro, señalando que existen suficientes indicios para concluir que violó las disposiciones de la Constitución que le obligaban a renunciar de su cargo público antes de registrar sus aspiraciones presidenciales.
Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del 14 de abril, 2013, por un margen inferior al 1.5 puntos porcentuales frente al opositor Henrique Capriles.
El informe explica que la elección fue llevada a cabo bajo un ambiente poco propenso para la realización de un proceso libre y transparente, ya que se caracterizaba por el abuso de las instituciones del Estado por parte de un régimen que mostraba el “firme propósito de conservar el poder a toda costa”. “Se observa una abierta y reiterada violación de normas y procedimientos que conduce a acrecentar las sospechas de una suspensión del Estado de Derecho”, estableció el informe.
“Las instituciones del Estado han perdido su neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”, sostuvo. La misión, que estuvo debidamente acreditada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para monitorear los comicios, dijo que el proceso también fue realizado bajo un ambiente que mostraba “una clara y abierta identificación” de las instituciones del Estado con uno de los candidatos.
Según el informe, la actuación del CNE genera dudas sobre su imparcialidad, asumiendo su papel de protagonismo y desempeñándose como “la institución más apta para salvaguardar la última voluntad del líder”, en referencia al fallecido ex presidente Hugo Chávez. La sospecha de su parcialidad es incrementada por la negativa del organismo de atender la solicitud de una auditoría introducida por la oposición, resaltó. Pero la parcialidad estuvo evidente en toda la estructura del Estado.
“Existe una forzada identificación de una gran parte de los niveles directivos y, por ende,
de la práctica totalidad de la estructura administrativa interior y exterior del Estado con los objetivos del PSUV (el partido de gobierno) con su candidato Nicolás Maduro”, señaló el informe. Sin embargo, esa identificación no es necesariamente voluntaria.
“Se presiona a los funcionarios públicos si no apoyan de forma activa y manifiesta al candidato gubernamental; se moviliza a los funcionarios y resto de personal público
para participar de forma activa en los actos electorales”, dice el documento. “Las condiciones de trabajo, prestación, horario y relaciones electorales se condicionan en función de los objetivos políticos, electorales o de campaña fijados por los distintos estamentos partidarios”, agregó. El informe también comentó sobre la aparente falta de independencia del poder judicial, señalando que una revisión de las últimas sentencias relacionadas con los procesos electorales constata una “muy preocupante permeabilidad de la voluntad del ejecutivo”, así como la del Partido Socialista Unido de Venezuela “Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad imprescindible exigible a este órgano en un sistema democrático”, alertó el informe.
Pero las mayores dudas sobre la situación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) están vinculadas con su pronunciamiento en torno a la candidatura de Maduro, en medio de la existencia de una serie de indicios que claramente establecen que se estaba violando la Constitución de Venezuela. “La interpretación hecha estando frente a unas normas tan claras resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora, más si se tiene en cuenta que el ´encargo´ está dentro de las atribuciones del cargo de vicepresidente Ejecutivo cuando suple las faltas absolutas del presidente”. La misión del instituto también estuvo presente durante un hecho irregular dentro de uno de los centros de votación al día de los comicios, cuando un hombre armado y portando distintas cédulas de identidad fue permitido ingresar por las autoridades por la puerta de atrás junto a dos autobuses repletos de personas no identificadas…
Observadores europeos: Maduro hizo trampa
