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WASHINGTON (AP) — La renuencia del gobierno del presidente Donald Trump a enviar la denuncia de un informante al Congreso es parte de un patrón de resistencia a las solicitudes de los legisladores que buscan acceder a testigos, documentos y otra información.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia han alegado reiteradamente las prerrogativas de los miembros del ejecutivo para desafiar las peticiones, lo que en algunos casos ha obligado a los legisladores a demandar al gobierno en cortes federales. El presidente tiene la facultad de impedir la llegada de información a tribunales, el Congreso y el público a fin de proteger la confidencialidad del proceso de toma de decisiones de la Casa Blanca. El privilegio para retener documentos y prohibir a colaboradores testificar se basa en la premisa de que el presidente tiene una necesidad casi incomparable de proteger la confidencialidad de las recomendaciones informales que pasarán a consideración presidencial.

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Las disputas abarcan todo, desde las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump hasta las declaraciones de testigos entrevistados como parte del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

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A continuación algunos ejemplos:

UCRANIA

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, quien testificó el jueves ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, había retenido durante semanas el envío al Congreso de la denuncia de un informante. Maguire dijo el jueves que lo hizo debido al privilegio ejecutivo y agregó que carecía de la autoridad para renunciar a la prerrogativa. La denuncia fue dada a conocer el miércoles al Congreso y el jueves al público poco antes de la audiencia.

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DECLARACIONES FISCALES

Trump contravino una añeja práctica de los candidatos presidenciales cuando se rehusó a difundir sus declaraciones fiscales con el argumento de que estaba siendo auditado por el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés). La agencia ha dicho que una auditoría no impide a nadie dar a conocer sus declaraciones. La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes dijo que necesita conocer las declaraciones como parte de su investigación para determinar si Trump cumplió con la ley fiscal, entre otras cosas. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se negó a entregar las declaraciones. La comisión acudió en julio a la corte.

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TESTIGOS

La Casa Blanca ha invocado el privilegio ejecutivo para impedir que ciertos funcionarios testifiquen ante el Congreso, quizá el más importante Don McGahn, ex asesor de la Casa Blanca. McGahn fue descrito en el informe de Mueller como un testigo crucial para algunos de los posibles actos de obstrucción de la justicia cometidos por Trump que Mueller documentó en su texto. McGahn era un ciudadano privado cuando la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes le entregó una citación para que testificara, pero la Casa Blanca le ordenó que no se presentara.

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EXPEDIENTES DE NEGOCIOS

Las comisiones de Servicios Financieros y de Inteligencia de la cámara baja entregaron citaciones para pedir información relacionada con los registros comerciales de Trump que están en Deutsche Bank y Capital One. Las comisiones desean la información para sus pesquisas sobre una posible “influencia extranjera en el proceso político de Estados Unidos”. Los abogados de Trump han argüido que los demócratas carecen de un “propósito legislativo legítimo” como se requiere para solicitar los archivos, pero un juez federal rehusó en mayo a bloquear las citaciones. Trump apeló. El caso es llevado por un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones.