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Un juez federal ha anulado este miércoles la directiva emitida por el ex fiscal general Jeff Sessions para negar el asilo a víctimas de violencia doméstica o amenazadas por pandillas criminales. En opinión del magistrado Emmet Sullivan, esta nueva política endurece el criterio legal de miedo creíble a la hora de examinar una petición de asilo, lo que considera ilegal porque es potestad del Congreso, según informa The National Law Journal.

De esta forma, ha ordenado al Gobierno que devuelva a Estados Unidos a aquellas personas que fueron deportadas bajo estos criterios en el caso examinado, en concreto a una mujer y su hija pequeña, que tuvieron que huir de El Salvador por las amenazas de violación de su marido y una pandilla criminal.

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Para solicitar asilo, los inmigrantes deben pasar primero una prueba de miedo creíble, en la que demuestren que temen por su vida si regresan a su país de origen porque allí son perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Aproximadamente nueve de cada 10 inmigrantes que lo intentan consiguen pasar esta prueba.

Obtienen así derecho a presentar su caso ante una corte de inmigración; entre tanto, se les permite quedar en libertad, porque las autoridades migratorias no tienen plazas suficientes en centros de detención para hacer frente a la llegada de personas en la frontera. Actualmente hay casi 45.000 detenidos, aunque el número máximo de plazas en centros de detención es 40.000; pero cada mes llegan más de 60.000 inmigrantes a la frontera.

Hasta que llega el momento de presentarse ante la corte, los inmigrantes quedan así en libertad. Esa cita puede alargarse años, puesto que las cortes de inmigración sufren un retraso superior al millón de casos por resolver, colapsadas por la llegada masiva de inmigrantes y por la decisión de Trump de reabrir casos que estaban congelados para forzar más deportaciones.

Llegado el momento, la corte de inmigración deberá examinar si concede el asilo al inmigrante, u ordena que sea devuelto a su país. En 2012, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, seis de cada 10 inmigrantes lograban asilo; en 2018, lo consiguen apenas tres de cada 10. Las jueces de inmigración son independientes pese a que dependen del Departamento de Justicia, pero deben obedecer las directivas y cambios normativos que aprueba el fiscal general.

En su nueva directriz, conocida el pasado mes de junio, Sessions (que fue relevado de su cargo por el presidente, Donald Trump, tras las elecciones de noviembre) aseguraba que las peticiones de asilo se han expandido demasiado, hasta cubrir también a las víctimas de “violencia privada”. En 2009 sólo 5.000 personas intentaron pasan la prueba de miedo creíble; en 2016 fueron 94.000.

“El refugiado prototípico huye de su país de origen porque el Gobierno le persigue”, aseguró Sessions, que añadía: “Un extranjero puede sufrir amenazas y violencia en un país extranjero por razones relacionadas con sus circunstancias sociales, económicas, familiares o personales”, pero “el estatuto de asilo no ofrece remedio a todos los infortunios”.

Cerraba así la posibilidad a obtener asilo por violencia doméstica, un camino que no era automático (puesto que dependía de un dictamen de las cortes de inmigración ceñido a circunstancias particulares) pero que daba esperanza a muchas mujeres huidas de los golpes y amenazas de sus maridos o familiares. También imposibilitaba el asilo a aquellos que escaparon de la violencia pandillera, una plaga que atenaza a los países centroamericanos.