(AP) — En sus dos décadas como soplón profesional en el mundo de las drogas, Jorge Hernández fue un maestro de la traición.
Mintió a sus supervisores, amenazó con desenmascarar a otros informantes e incluso admitió haber matado a tres personas durante sus días como traficante de cocaína. Pero una y otra vez, aprovechó sus amplios contactos en el mundo del narcotráfico para sobrevivir, evitar pisar la cárcel y seguir ganando dinero.
Ahora, Hernández ha vuelto a darle la vuelta a las cosas, esta vez contra la misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que lanzó su lucrativa carrera como solucionador de problemas para traficantes, fiscales y abogados defensores por igual. Y ha entregado su trofeo más explosivo hasta el momento: dos agentes veteranos de la DEA acusados de conspiración por soborno por 73.000 dólares, un cargo relacionado con la filtración de información sobre investigaciones de drogas en curso.
Hernández, un hombre fornido y calvo conocido por su apodo de Boliche, realizó grabaciones secretas para el FBI y se espera que desempeñe un papel clave este mes en el juicio federal en Manhattan de los exsupervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. Es un caso que amenaza con exponer la parte más sórdida de la DEA, que ha visto como al menos 18 de sus agentes son acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por tener una relación inapropiadamente cercana con los informantes.
En medio de este mundo, hay un círculo ferozmente competitivo de costosos abogados defensores en Miami a los que se hace referencia con ligereza como la “barra del polvo blanco”. Su actividad comercial no consiste tanto en los puntos más finos de la ley, sino en luchar para conseguir que capos sean sus clientes, antes de que siquiera seque la tinta en sus acusaciones, y así negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperadores del gobierno.
Es un mundo en el que informantes como Hernández prosperan al comerciar con información —a quién se le acusará y cuándo—, dijo Steven Dudley, cofundador de Insight Crime, un centro de investigación enfocado en Latinoamérica.
“Él es un elemento esencial en un sistema corrupto que trabaja para presentar casos y ganar dinero”, explicó Dudley.
“Cuando se presentan los casos, todos ganan”, agregó. “Los narcos reciben sentencias más cortas y se quedan con parte de sus ganancias, los fiscales y agentes obtienen ascensos y los abogados se quedan con una fortuna. La única perdedora es la Justicia”.
Este caso es sólo el último bochorno para la DEA, tras el arresto de un destacado agente en Colombia que lavó dinero para los cartéles y gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP, y otro que fue acusado de aceptar 250.000 dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.
El papel central de Hernández en el último caso surgió de una revisión que The Associated Press hizo de cientos de registros judiciales, algunos de los cuales nunca han sido revelados públicamente, y de entrevistas con 12 funcionarios en activo y retirados familiarizados con su carrera como informante confidencial, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.
Los abogados de Recio y Costanzo han expresado su preocupación en documentos judiciales sobre los antecedentes penales de Hernández, en particular por las tres personas que admitió haber matado antes de convertirse en informante. Pero los fiscales insisten en que es confiable y señalan registros bancarios y llamadas telefónicas intervenidas que aseguran que corroboran su testimonio.
“Sólo porque alguien haya cometido delitos no significa que descartemos de inmediato todo lo que dice”, dijo el fiscal federal adjunto Sheb Swett a un juez a principios de este año.
