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Las nuevas políticas de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) integra uno de los principales temores de activistas y defensores: el castigo a inmigrantes que reciben algún tipo de ayuda del gobierno federal.

Desde febrero de este año circuló información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ordenaría negar beneficios migratorios a personas que la autoridad considerara que son una “carga pública”, a través de programas federales de ayuda, como alimentación y hasta médicos.

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Entre las siete condicionantes que los funcionarios de inmigración pueden negar la petición de estatus -es decir que apliquen por una “green card”, busquen remover las condicionantes de Residencia Legal Permanente o soliciten la ciudadanía- se integró la restricción.

“Que haya abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”, indica el inciso “E” del el memorando PM-602-0050.1 dado a conocer por USCIS el 6 de julio, pero emitido el 28 de junio,

Pilar Marrero, periodista de este diario, explicó en febrero que el plan del gobierno del presidente Donald Trump podría integrar “cualquier programa federal”, incluso más allá de los cinco principales que son Medicaid, TANF, SNAP, SSI y CHIP, y otros como Pell Grants.

“Sería un ataque más contra los inmigrantes, esta vez contra inmigrantes y residentes legales o familias que buscan reunirse”dijo entonces Melissa Boteach, de CAP.

Tras las nuevas directrices, expertos consideraron que esto aumentará y acelerará deportaciones.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que el gobierno está reescribiendo la Ley de Seguridad Nacional sin una acción del Congreso.

“Antes si el caso no era muy fuerte sólo se perdía el tiempo y el dinero de la aplicación, ahora la perdida puede significar la deportación”, indicó. “No es tiempo de arriesgarse”.