¿En riesgo el poderío antidrogas de EEUU en altamar?

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En esta foto obtenida de los registros de la corte federal de Estados Unidos, Jeffri Dávila-Reyes, tercero de la izquierda, y otras dos personas levantan las manos tras ser interceptado en el mar Caribe el 29 de octubre de 2015. Dávila-Reyes dice que todavía está desconcertado por cómo terminó cumpliendo una condena en una prisión federal de Estados Unidos. La operación que terminó con el decomiso de cocaína en altamar y su detención se realizó más cerca de Costa Rica, su tierra natal, que de Estados Unidos. (Guardia Costera de Estados Unidos, vía AP)

(AP) — Jeffri Dávila-Reyes dice que todavía está desconcertado por cómo terminó cumpliendo una condena en una prisión federal de Estados Unidos

La operación que terminó con el decomiso de cocaína en altamar y su detención se realizó más cerca de Costa Rica, su tierra natal, que de Estados Unidos; y los relativamente pocos kilos de droga que transportaba tenían como destino Jamaica en lugar de las costas estadounidenses.

Su situación es similar a la de cientos de extranjeros capturados por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales todos los años, la mayoría de ellos pescadores pobres de Centro y Sudamérica, impulsados al contrabando con ofertas de más dinero del que jamás hayan visto: en el caso de Dávila Reyes, 6.000 dólares.

“Nadie tiene culpa de nacer pobre”, escribió en una carta a The Associated Press.

Ahora, faltando tres años para completar su sentencia de 10 años, la condena de Dávila-Reyes ha sido anulada en un fallo que pasó desapercibido y que amenaza con dañar un arma clave en la guerra de Estados Unidos contra las drogas: una ley que por décadas ha dado a ese país la autoridad para realizar arrestos en altamar, en cualquier lugar del mundo, incluso si las drogas no se dirigen a costas estadounidenses.

Es una ley que ayuda a Estados Unidos a reforzar sus números sobre interdicción de drogas y mostrar su fuerza marítima en una región donde más se trafica. Pero dado que a menudo se dirige a los contrabandistas en los peldaños más bajos del narcotráfico, no impacta en los enormes volúmenes de narcóticos que fluyen hacia territorio estadounidense.

“Es un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses tener estas costosas desventuras mientras jugamos a la policía antidrogas del mundo”, dijo Eric Vos, jefe de la oficina del Defensor Público Federal en Puerto Rico, donde se inició el caso de Dávila-Reyes. “Nuestros esfuerzos de aplicación de la ley y los gastos de miles de millones de dólares deberían concentrarse exclusivamente en las drogas que realmente ingresan a Estados Unidos”.

La norma en cuestión es la Ley Marítima de Drogas (Maritime Drug Law Enforcement Act), aprobada por el Congreso en 1986, en el apogeo de la epidemia de crack. Define al contrabando de drogas en aguas internacionales como un crimen contra Estados Unidos y le otorga poderes para realizar detenciones en cualquier lugar del mar, siempre que determine que una embarcación “no tiene nacionalidad”.

Pero cómo considerar que una embarcación es apátrida puede ser enredado.

Cuando la Guardia Costera persiguió la lancha rapida de Dávila-Reyes en el Caribe occidental en 2015, él y sus dos primos —que fueron vistos mientras arrojaban paquetes de cocaína por la borda frenéticamente— identificaron su embarcación como proveniente de Costa Rica, según el resumen de la investigación del FBI.