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La presión de grupos cívicos en Estados Unidos logró este fin de semana extender –por lo menos hasta el jueves– la asistencia temporal de vivienda para cerca de 1,700 familias puertorriqueñas que han estado alojadas en hospederías, principalmente en EE.UU., desde que sus casas quedaron dañadas por el huracán María.

Hoy, el juez federal de distrito de Massachusetts Leo Sorokin presidirá una vista telefónica –a partir de las 12:45 p.m.– para discutir la demanda presentada el sábado por abogados del grupo pro derechos civiles Latino Justice que permitió frenar el fin del programa de asistencia temporal de vivienda (TSA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para las familias boricuas, que expiraba el 30 de junio.

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Ayer, FEMA no pudo precisar cuántas personas iban a quedar sin techo al expirar el programa TSA.

A principios de la semana pasada, alrededor de 1,200 familias todavía estaban residiendo temporalmente en cuartos de hospederías estadounidenses. Casi 600 estaban en hoteles de Florida. De los 1,700 en total, cerca de 500 se hospedaban en la isla.

El coordinador de FEMA para Puerto Rico, Michael Byrne, había anunciado en mayo que la extensión del programa TSA hasta el 30 de junio era la última para los damnificados del ciclón María.

Pero, los grupos cívicos –boricuas y estadounidenses– acudieron al tribunal ante el temor de que cientos de familias quedaran desamparadas.

Una de las demandantes del caso presentado por Latino Justice –antes el Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal– es María Muñoz, quien ha indicado que el huracán le destruyó su hogar y que no tiene a donde regresar.

Muñoz ha estado refugiada en un hotel de Massachusetts desde noviembre.

“El techo fue arrancado y todo fue destruido. También tengo enfisema pulmonar y he tenido tres accidentes cerebrovasculares. No puedo regresar a Puerto Rico ya que las condiciones allí son muy malas”, sostuvo Muñoz.

Para el portavoz de la coalición Vamos por Puerto Rico (Vamos4Puerto Rico Action), el reverendo José Rodríguez, “la decisión de FEMA de dar por terminada arbitrariamente TSA no solo era inmoral, era ilegal e iba en contra de la misión de la agencia de proporcionar alivio transitorio a los evacuados de uno de los desastres más catastróficos de nuestra vida”.

Desde Orlando, Florida, donde ha estado la mayoría de los refugiados, Rodríguez afirmó que la decisión de FEMA de acabar con el acceso al programa TSA ya había provocado “el desalojo de algunas de las familias, traumatizando aún más a niños, madres y personas mayores que por primera vez en semanas pensaron que podían respiraraliviados”.

“La culpa por este caos también descansa (en el gobernador Ricardo) Rosselló por fallar en solicitar a tiempo la extensión, así como en el gobernador (de Florida) Rick Scott, por no levantar un dedo para encontrar vivienda estable para cientos de refugiados que ahora viven en Florida”, sostuvo el reverendo.

Tras la decisión del juez Sorokin, FEMA decidió extender el programa TSA hasta el jueves, lo que evita que el procedimiento de desalojo ocurra durante el feriado del 4 de julio.

FEMA también anunció que extendió hasta el 30 de agosto el subsidio que ofrece a los que se han beneficiado del programa TSA para que regresen a la isla, lo que incluye hasta $100 en costos de equipaje.

El jueves, demócratas del Congreso hicieron un último llamamiento desde el Capitolio federal para que FEMA extendiera el programa TSA, ante el temor de que familias quedaran desamparadas este fin de semana.