Mi nombre es Gregg Lerman, he sido abogado de defensa criminal durante 39 años en West Palm Beach.
Soy un abogado litigante penal certificado por la Junta, he juzgado casos tanto en tribunales estatales como federales, he manejado casos que van desde los delitos menores menos graves hasta homicidios capitales, he juzgado más de 200 casos.
He estado casado con Debra Lerman durante 38 años y tengo dos hijos, Jordan, de 36 años, y Hope, de 23.
Me gradué con una licenciatura de la Universidad de Florida y un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho Nova (ahora Nova Southeastern).
¿Por qué se postula para Fiscal del Estado y qué lo convierte en el mejor candidato?
Citando al actual Fiscal del Estado, Dave Aronberg, ‘hay una necesidad de cambio y una nueva perspectiva en la oficina’.
De acuerdo. Eso solo lo puede pasar alguien que viene de fuera. No puede venir simplemente elevando a alguien desde el interior de la oficina.
Mis 39 años de experiencia como abogado de defensa criminal me dan una visión única de las causas del crimen y lo que se puede hacer para reducirlo.
Además me permite una mejor comprensión de cómo reducir la reincidencia a través de políticas que se adapten a una situación determinada, así como la creación de mejores asociaciones con el sistema escolar y otras partes interesadas para evitar que las personas ingresen al sistema de justicia penal.
También, el sistema debe abordar mejor cuestiones como el fraude a las personas mayores, la adicción a las drogas, las enfermedades mentales y la falta de vivienda.
Por último, la oficina debe rendir cuentas al público cuando las fuerzas del orden cruzan una línea.
Una insignia no es un pase de salón que pone a alguien por encima de la ley.
¿Cómo ayudaría a las personas de bajos ingresos en nuestras comunidades minoritarias que se encuentran en problemas por delitos de bajo nivel? Como Fiscal del Estado.
Hay muchas maneras en que la oficina del Fiscal del Estado, en colaboración con el Secretario de los Tribunales, las Fuerzas del Orden, el Defensor Público y las organizaciones interesadas sin fines de lucro pueden y deben trabajar juntas para beneficiar a nuestros residentes hispanos, así como a otros en nuestra comunidad.
La participación de los hispanos en el sistema legal es un desafío debido al dominio del idioma, el estatus migratorio, las barreras culturales y el acceso a recursos legales.
Para aquellos que están atrapados en el sistema, la Intervención Previa al Juicio es una herramienta infrautilizada que permite a los acusados de delitos graves no violentos y delitos de drogas limpiar sus antecedentes.
Muchas personas remitidas a la corte de drogas serían mejor atendidas si se les colocara en el PTI para delincuentes de drogas.
A menudo las personas que terminan en libertad condicional calificarían para PTI. La realidad es que la libertad condicional estándar y el PTI son prácticamente idénticos, excepto por el resultado final.
El PTI lleva a que se desestimen o retiren los cargos. De este modo, se le da al infractor una segunda oportunidad.
Podemos proporcionar recursos y programas de divulgación adaptados a la comunidad hispana para crear conciencia sobre los derechos legales, la disponibilidad de abogados y servicios legales y oportunidades de autoayuda con respecto a la Ley y las Políticas de Inmigración, la discriminación en el empleo, la vivienda y los servicios públicos, el robo de salarios, las prácticas laborales injustas, la atención médica y más.
Mejorar el acceso al voto y la participación política es importante para darle a nuestra comunidad hispana una voz de defensa.
¿Cuáles son algunos de sus planes para ayudar a reducir la tasa de criminalidad y crear vecindarios seguros?
Animaré al Sheriff, quien quiera que sea, a que traiga de vuelta tanto la Granja de Drogas como la Academia del Águila, ambos programas fueron exitosos que ayudan a los miembros de la comunidad a no reingresar o ingresar al sistema.
Si el alguacil no está dispuesto a hacerlo, entonces el condado y otras partes interesadas deben unirse para crear programas residenciales para lidiar con los problemas entrelazados de drogas y salud mental.
Es necesario que haya una asociación entre el sistema escolar, el Fiscal del Estado y el Defensor Público, junto con los ciudadanos que regresan, para educar a nuestros jóvenes para que entiendan claramente lo que les espera si toman un camino determinado.
Campaign@GreggLerman.com
www.GreggLerman.com
561-657-3363 (Número de celular de la campaña)
561-309-9543 (Número de celular personal)
561-832-5770 (Línea fija de la oficina)
