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SAN DIEGO (AP) — Una jueza federal bloqueó una medida del gobierno del presidente Donald Trump que pretende ampliar la autoridad de los agentes de inmigración a nivel nacional para deportar por la vía rápida a inmigrantes sin permitirles comparecer ante jueces, el tercer revés jurídico en un día contra la agenda de inmigración del mandatario.

La medida, anunciada en julio sin que se haya aplicado aún, permitiría la repatriación rápida de personas que tengan menos de dos años viviendo en Estados Unidos sin autorización legal. En la actualidad, las deportaciones exprés están restringidas principalmente a personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.

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La jueza federal Ketanji Brown Jackson señaló el viernes por la noche en su fallo en Washington que la expansión del gobierno federal de la autoridad para efectuar “deportaciones expeditas” viola los requisitos procesales de solicitar primero el comentario público e ignoró las deficiencias en la manera como se ha aplicado a menor escala en la frontera. Las deficiencias mencionadas, que los abogados del gobierno no impugnaron, incluyen denuncias de que algunos migrantes con derecho a radicar en el país han sido sometidos a procesos de deportación y que en muchos casos no se facilitaron traductores. Además las autoridades cometieron “flagrantes errores” cuando grabaron las declaraciones de migrantes que manifestaron su temor a enfrentar persecución o tortura de ser devueltos a sus países de origen.

“Con respecto a la política en cuestión aquí, la posible devastación es tan obvia que (el Departamento de Seguridad Nacional) puede ser culpada justamente por su inexplicable fracaso para predecir, e intentar mitigar, los futuros flujos totalmente previsibles”, escribió Jackson.

La jueza, nombrada por el presidente Barack Obama, no se ha pronunciado sobre los méritos del caso, pero su decisión impide al gobierno ampliar a nivel nacional la autoridad para efectuar deportaciones expeditas mientras prosiga el juicio.

Horas antes el mismo viernes, un juez federal en Los Ángeles bloqueó nuevas disposiciones que permitirían al gobierno detener por tiempo indefinido a niños inmigrantes con sus padres. El juez indicó que estas medidas contradicen un acuerdo de 1997 bajo el cual los menores detenidos en la frontera deben ser entregados lo antes posible a parientes en Estados Unidos y sólo se les puede mantener en instalaciones con licencia estatal. El acuerdo Flores, por el nombre del demandante adolescente, continuará vigente y rige las condiciones de los menores en custodia, incluidos los que están con sus padres.

Asimismo el viernes, otro juez federal en Los Ángeles impidió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dependa sólo de bases de datos deficientes para actuar específicamente contra personas que están sin permiso en el país. La decisión afecta las órdenes de detención emitidas por algún agente del ICE en el Distrito Central de California del sistema de cortes federales.

Las facultades para las deportaciones inmediatas fueron creadas conforme a una ley de 1996 pero no fueron un elemento importante en la acción policial fronteriza sino hasta 2004, cuando Seguridad Nacional dijo que las aplicaría a personas arrestadas a las dos semanas de haber ingresado por tierra en Estados Unidos y detenidas a 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.

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