(AP) — Ha surgido un patrón familiar desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace menos de tres semanas: él hace una propuesta atrevida, sus opositores interponen una demanda y un juez federal pone el plan en suspenso.
Ha sucedido con los intentos de Trump de congelar ciertos fondos federales, socavar el derecho a ser ciudadano por nacimiento y echar a empleados del gobierno.
Ahora la pregunta es si los fallos de la corte son un mero reductor de velocidad o un obstáculo insuperable para el presidente republicano, que está decidido a expandir los límites de su poder, a veces simplemente ignorando las leyes.
Aunque los demócratas podrían sentirse alentados por la ronda inicial de resistencia judicial, las batallas jurídicas apenas están comenzando. Demandas que se originaron en jurisdicciones más liberales como Boston, Seattle y Washington, D.C., podrían ir a parar a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde una mayoría conservadora ha demostrado su disposición a revocar precedentes.
“Lo que es constitucional o no vale tanto como la última decisión judicial”, dijo Philip Joyce, profesor de políticas públicas de la Universidad de Maryland.
Ya se han presentado aproximadamente tres docenas de demandas, con la participación incluso de agentes del FBI —los cuales temen que los estén purgando por razones políticas— y de familias preocupadas por las nuevas limitaciones a la atención médica para jóvenes transgénero.
Se le presta más atención al poder judicial porque, en esencia, el Congreso controlado por los republicanos ha abdicado de su papel de ser un contrapeso a la presidencia. Los legisladores del partido de Trump han accedido a las exigencias de él de recortar unilateralmente el gasto y eliminar a organismos de control del gobierno sin previo aviso.
Ante eso, ya sólo los tribunales son una posible barrera de control frente a las ambiciones del presidente.
“Ya sólo tenemos dos ramas del gobierno”, dijo Justin Levitt, profesor de la Escuela de Derecho de Loyola.
Trump sufrió sus reveses más recientes el jueves.
En Seattle, el juez de distrito John Coughenour bloqueó la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, cuyo objetivo era evitar que los hijos de padres que están en el país ilegalmente sean considerados estadounidenses automáticamente.
Coughenour dijo que la ciudadanía por nacimiento —establecida por la 14ta Enmienda constitucional —es “un derecho constitucional fundamental”, y criticó a Trump en términos mordaces.
“El Estado de derecho es, según él, algo que hay que sortear o simplemente ignorar, ya sea por beneficio político o personal”, declaró el juez, que fue nominado por el presidente Ronald Reagan en 1981.
“Hay momentos en la historia del mundo en que la gente mira hacia atrás y se pregunta: ‘¿Dónde estaban los abogados? ¿Dónde estaban los jueces?’”, agregó Coughenour. “En estos momentos, el Estado de derecho se vuelve especialmente vulnerable. Me niego a permitir que ese faro se apague hoy”.
El juez había calificado previamente la orden de “descaradamente inconstitucional” al emitir un fallo temporal.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas”, señaló Coughenour entonces. “No puedo recordar otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como este”.
El mismo jueves en Boston, el juez federal de distrito George O’Toole Jr. detuvo el plan de Trump de alentar a los trabajadores federales a renunciar ofreciéndoles suspensiones con goce de sueldo.
O’Toole, quien fue nominado por el presidente Bill Clinton en 1995, no expresó una opinión sobre el programa de renuncia diferida, que suele considerarse una gratificación excepcional por retiro voluntario. Programó una audiencia para el lunes por la tarde con el fin de sopesar los argumentos.
“Seguimos creyendo que este programa viola la ley y continuaremos defendiendo enérgicamente los derechos de nuestros miembros”, dijo en un comunicado Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.
