Plan de Biden plantea arrendar tierras federales para conservación

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ARCHIVO - Ganado descansa a lo largo de una sección del río Missouri cerca de Fort Benton, Montana, el 19 de septiembre de 2011. (AP Foto/Matthew Brown, archivo)

(AP) — El gobierno estadounidense desea que la conservación de vastas tierras propiedad del gobierno esté en igualdad de condiciones con la extracción de petróleo, el pastoreo de ganado y otros intereses, según un alto funcionario federal que defendió la idea ante las críticas de que el plan podría dejar de lado a la industria.

La propuesta permitirá a los conservacionistas y otros arrendar tierras de propiedad federal para restaurarlas, de la misma manera que las compañías petroleras lo hacen para perforar y los ganaderos pagan para pastar ganado. Las empresas también podrían adquirir arrendamientos de conservación, como los perforadores de petróleo que desean compensar el daño a las tierras públicas mediante la restauración de acres en otros lugares.

Tracy Stone-Manning, directora de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior de Estados Unidos, dijo en una entrevista con The Associated Press que los cambios propuestos abordarán la creciente presión del cambio climático y el desarrollo. Si bien la oficina anteriormente emitió contratos de arrendamiento para la conservación en casos limitados, nunca ha tenido un programa dedicado a ello, señaló.

“Hace que la conservación sea igual entre los múltiples usos que manejamos”, dijo Stone-Manning. “Hay reglas sobre cómo hacemos el desarrollo solar. Hay reglas sobre cómo lo hacemos para petróleo y gas. No ha habido reglas sobre cómo cumplimos con las partes (de la ley federal) que dicen: ‘Administrar para el hábitat de peces y vida silvestre, administrar para el agua limpia’”.

Pero más de un siglo después de que Estados Unidos empezó a vender concesiones de petróleo y gas, la idea de la conservación está suscitando un debate sobre el mejor uso de las tierras propiedad del gobierno, principalmente en Occidente. Los opositores, incluyendo legisladores republicanos, lo critican como una puerta trasera para excluir la minería, el desarrollo energético y la agricultura.