(AP) — Un año después de las mayores protestas en décadas en Cuba, en las cuales miles de personas salieron a las calles agobiadas por los apagones y las carencias agudizadas por la pandemia y la presión de un endurecimiento radical de las sanciones de Estados Unidos, la isla lucha por salir adelante de una de las más duras crisis de su historia y cuyo impacto social y político todavía se hace sentir.
Plazas y avenidas se llenaron de manifestantes el 11 y 12 de julio de 2021. Sin un liderazgo específico, los cubanos tenían una variada gama de demandas que iban desde el fin de las colas hasta cambios gubernamentales. Grupos afines al gobierno salieron a contrarrestar los reclamos y una persona murió en medio de vandalismo y enfrentamientos.
Desde entonces algunas cosas cambiaron. Por primera vez en seis décadas se dio la autorización gubernamental para fundar pequeñas y medianas empresas (Pymes) y se reanimaron planes para barrios carenciados: asfaltado de calles, mantenimiento de plazas o la inauguración de centros comunitarios. Mientras, la vacunación masiva y el fin de la cuarentena por una baja de casos de COVID-19 permitió una reactivación económica junto al arribo de un modesto flujo de turismo internacional, que demostró ser el sector más dinámico en la nación caribeña.
Sin embargo, la ausencia de una rápida mejora económica, la permanencia de las colas para comprar productos básicos, una inflación galopante y la dolarización fomentaron, sobre todo en los últimos meses, una migración récord principalmente hacia Estados Unidos y Europa. En paralelo, la reacción del gobierno a las protestas con juicios y condenas de hasta 25 años de prisión le ganaron críticas de la comunidad internacional.
Expertos y activistas se preguntan si este verano volverán las protestas. Desde las redes sociales opositores anuncian cada día un nuevo estallido a la vuelta de la esquina, al tiempo que las autoridades apuestan por que los preceptos de la revolución y sus bondades sociales tal como la plantearon los líderes históricos tendrán continuidad, aunque reconocen la magnitud el desafío.
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LOS PRESOS DE LAS PROTESTAS DE JULIO
Hay un antes y un después del 12 de julio de 2021 para la familia Román, residentes en la popular barriada de La Güinera, en la periferia de La Habana. Sin antecedentes políticos o penales, tres hijos del núcleo fueron apresados en las protestas y dos de ellos todavía están en la cárcel bajo cargos de sedición.
“Ellos no han cometido un delito tan grave para esa sanción”, dijo a The Associated Press Emilio Román, de 51 años y padre de los detenidos. A sus hijos Yosney –un albañil de 26 años– y Mackyanis –un ama de casa de 24– los tribunales les impusieron en marzo sentencias de diez años. El más pequeño, Emiyoslan, de 18, salió en libertad condicional porque era menor de edad al momento del suceso.
Otros tres primos también fueron procesados, dos de ellos tienen penas similares y un tercero recibió la libertad luego de pagar una multa, pues no pudo comprobarse su participación directamente en la protesta que devino en enfrentamientos con la policía y donde se produjo el deceso de un hombre a mano de los uniformados.
Nunca se informó oficialmente cuántos detenidos hubo en las manifestaciones de las dos jornadas que se desarrollaron en media docena de localidades del país. Según la organización Justicia 11J, que monitoreó los casos, se documentaron más de 1.400 arrestos.
A finales de junio un reporte de la Fiscalía General indicó que había unas 488 sentencias en firme para los manifestantes, que en su grado extremo alcanzaron penas de hasta 27 años de cárcel por sedición.
A los detenidos se les señaló por desordenes, vandalismo, atentados o sedición.
“El balance que puedo sacar es que el gobierno ha mostrado su naturaleza autoritaria”, comentó a la AP la abogada cubana residente en México y miembro de la agrupación Cubalex, Giselle Morfi. “El Estado criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales que deben ser protegidos dentro de cualquier sociedad democrática como la libertad de expresión y estigmatiza la protesta”.
Denuncias de maltrataros, hacinamiento, carencias de medicina a los presos y fuertes campañas en redes sociales se fueron acumulando a lo largo de estos meses sin que se pudieran comprobar de manera independiente. Para Morfi las sanciones buscan ser “disuasorias” a fin de evitar una nueva ola de protestas.
