McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Un pequeño bufete de abogados de Texas vinculado con el gobierno del presidente Donald Trump rechazó un contrato federal por 150 millones de dólares para representar a niños migrantes que ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, informaron las autoridades el miércoles.
Por su parte, a otro grupo cuyo exdirector ejecutivo se vio asediado por acusaciones de comportamiento indebido se le adjudicaron proyectos por un valor de hasta 244 millones de dólares para defender a los menores.
Los anuncios se producen en medio de dudas a largo plazo sobre quién representará en los tribunales a estos menores en medio de la ofensiva migratoria de Trump.
El gobierno anunció la semana pasada un plan para adjudicar el contrato a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston que cuenta con poca experiencia en materia de inmigración. La oferta se produce después de que la Casa Blanca permitió que un contrato con casi 100 proveedores del Acacia Center for Justice expirara a finales del mes pasado.
Los menores que ingresaron al país sin compañía de un adulto y se encuentran bajo custodia federal están siendo representados temporalmente por otro grupo, aunque aún se desconoce cómo se resolverá la situación una vez que el contrato llegue a su fin en diciembre próximo. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), responsable de supervisar los contratos, emitió el miércoles un comunicado en el que no ofreció ninguna explicación sobre los motivos por los que Burke rechazó la oferta.
“Burke Law Group declinó presentar una solicitud y no se le ha otorgado ninguna subvención”, indicó la agencia —que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés)— en un correo electrónico en respuesta a una consulta sobre el contrato.
Burke Law Group publicó el martes un breve comunicado en redes sociales en el que señaló que había sopesado la posibilidad de postularse para una “pequeña parte” del contrato. No explicó por qué decidió no hacerlo.
La fundadora de Burke Law Group, Marcella Burke, trabajó como abogada en la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés) y el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.
Entre los miembros de su equipo se incluye a Justin Shubow, partidario de los esfuerzos de Trump para exigir que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y que en su momento fue designado por Trump como titular de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El destacado académico conservador Ilya Shapiro figura como abogado principal.
