Elecciones y sanciones, clave en conferencia sobre Venezuela

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el centro, habla a los delegados internacionales durante una conferencia centrada en la crisis política de Venezuela en Bogotá, Colombia, el martes 25 de abril de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

(AP) — Colombia acogió el martes una conferencia internacional con representantes de 20 países para buscar soluciones a las tensiones internas que vive desde hace años su vecino Venezuela, una ecuación nada sencilla dada la mutua desconfianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios.

Su anfitrión, el presidente colombiano Gustavo Petro, persiguió con la conferencia dos ambiciosos objetivos: impulsar la reanudación del diálogo entre Maduro y la oposición que se estancó en México en noviembre y el cese de las sanciones que pesan sobre Venezuela junto a una apertura democrática.

“La sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano, aquí en estas calles lo hemos visto: un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia huyendo del hambre, de la miseria”, dijo Petro durante la instalación de la conferencia en referencia a los 2,4 millones de migrantes venezolanos que alberga su país.

Al final del encuentro, el canciller colombiano Álvaro Leyva dio una declaración en solitario en la que dio cuenta de las discusiones que se dieron en la conferencia y que giraron en torno a las sanciones y las elecciones. No obstante, aclaró que los representantes de los distintos países informarán tanto a Maduro como a la oposición sobre los resultados de la conferencia para que los evalúen y dejó abierta la posibilidad de un segundo encuentro con los mismos países.

Leyva identificó en su discurso “posiciones comunes” entre los países asistentes que van en línea con lo que propuso Petro al iniciar: la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres en Venezuela, que los pasos acordados entre las partes vayan en paralelo con el levantamiento de sanciones y que la continuación del proceso de negociación en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo social.

La Cancillería venezolana afirmó el martes en un comunicado que tomó nota de las deliberaciones realizadas durante la conferencia en Bogotá y reiteró que considera “imperante” que sean levantadas las sanciones, devueltos los activos venezolanos y desembolsados más de 3.000 millones de dólares para el fondo social que fueron acordados en noviembre con la oposición y aún están pendientes.

También exigió “la inmediata liberación” de Alex Saab, quien permanece detenido en Estados Unidos, donde está considerado como un testaferro de Maduro.

Venezuela enfrenta una crisis de larga data por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, principal fuente de sus ingresos en divisas. La situación se agravó por las sanciones impuestas por Estados Unidos para obligar a Maduro a separarse del poder.

La depresión económica, sin embargo, era previsible para muchos de los críticos del gobierno que por años advirtieron que el país se dirigía a un despeñadero debido a una política, iniciada en 1999 por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, de expropiaciones masivas de granjas e industrias y de promulgación de leyes severas que desalientan la inversión y vulneran la seguridad jurídica. Esto, aunado a los controles que se aplican contra corriente por ser uno de los dogmas del gobierno socialista.

En paralelo a la conferencia, un grupo de aproximadamente 30 venezolanos se manifestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cercana a la conferencia, pidiendo a los diplomáticos que exijan a Maduro “elecciones libres” y con carteles en los que señalaban al mandatario de ser un “violador de DD.HH. (derechos humanos)”.

Richard García, uno de los manifestantes, dijo a The Associated Press que no quiere que se levanten las sanciones porque considera que no afectan al “pueblo”, que pasa necesidades por responsabilidad del gobierno, según su opinión. “No hay medicina, no hay comida, no hay ningún insumo médico en Venezuela, pero si hay Ferrari, si hay Lamborghini”, reclamó.

Desde finales del 2012 y hasta mediados del 2020, Venezuela enfrentó un fuerte desabastecimiento de diversos alimentos y medicinas, entre otros bienes básicos, que los analistas y empresarios asociaron en buena medida a la importante merma en la venta de divisas oficiales. El país suramericano mantuvo por más de tres lustros un severo control de cambios y de precios.

Petro aseguró frente a los diplomáticos de los países invitados que el fin de la conferencia era plantear a las partes venezolanas propuestas de posibles soluciones, que espera que sean acogidas. Colombia, añadió, busca que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en 2013, una propuesta que Maduro ha dicho estar considerando.

Pocas horas antes de la instalación de la conferencia, el líder opositor Juan Guaidó, quien llegó el lunes a Bogotá luego de atravesar la frontera caminando, denunció que el gobierno colombiano lo “sacó” del país mientras abordaba un vuelo rumbo a Estados Unidos. “La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, afirmó en un video en Twitter.

La cancillería colombiana argumentó que Guaidó -que no fue invitado a la conferencia, según aclaró el gobierno colombiano- se encontraba en Bogotá de “manera irregular” y lo condujo hacia al aeropuerto para verificar su partida en una aerolínea comercial con acompañamiento de agentes estadounidenses.

Diplomáticos estadounidenses trabajaron con el gobierno colombiano para ayudar a Guaidó a llegar sano y salvo a Estados Unidos en la madrugada del martes, dijo a AP un portavoz del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.

Según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos espera que los participantes de la conferencia en Bogotá continúen centrados en la necesidad de presionar a Maduro a que se comprometa a celebrar elecciones libres y justas en 2024.

Petro se reunió durante el fin de semana con la Plataforma Unitaria, un sector de la oposición venezolana que ha participado en los diálogos en México y que terminó por apoyar la conferencia internacional. Sin embargo, Venezuela no participó en la cita, sino que lo hicieron 20 países de la comunidad internacional que incluyeron Alemania, México, Francia, España, Argentina y Noruega, el país facilitador del diálogo entre las partes venezolanas.

Maduro busca que se levanten más de 900 sanciones -la mayoría de Estados Unidos- que considera una “persecución” en contra de su gobierno, mientras Petro propuso a la administración de Joe Biden, en su visita a la Casa Blanca de la semana pasada, un camino intermedio en el que se adelante la realización de un cronograma electoral con garantías, al tiempo que paulatinamente se levantan las sanciones.

Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a The Associated Press que el jugador clave es Estados Unidos, que impuso las sanciones y que puede levantarlas. Considera que más que las conversaciones en México, importa la “negociación maestra que ya está en curso” y es entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro.

A la conferencia asistió Jon Finer, consejero principal adjunto de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, así como Josep Borrel, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El nuevo impulso de la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana llega en un ambiente electoral. Los sectores de oposición planean en octubre próximo adelantar las elecciones primarias en las que elegirían un candidato común capaz de enfrentar a Maduro en las urnas, pero varios de los aspirantes que pretenden participar están inhabilitados. Una de las peticiones de los opositores es justamente que Maduro acepte fijar una fecha para los comicios presidenciales en 2024 “libres y verificables”.

Ivan Briscoe, director de programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group -un centro de estudios internacional especializado en conflicto- indicó a AP que el peligro latente derivado del estancamiento de las conversaciones entre Maduro y la oposición es que con el paso de los meses no se logren levantar sanciones ni dar condiciones libres para las elecciones. Eso, apunta Briscoe, podría llevar “posiblemente a un empeoramiento de la situación humanitaria en el país y una vuelta a las altas tensiones que vimos en 2019, sobre todo si hay cambio fundamental en el gobierno de Estados Unidos”.

Colombia ha estado interesada en la resolución de la crisis venezolana que ha causado que más de 2,4 millones de venezolanos crucen la frontera para refugiarse. El gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) apoyó un “cerco diplomático” para provocar una transición y el fin del gobierno de Maduro, una estrategia que fracasó. Ahora el gobierno de Petro, el primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia, ha restaurado las relaciones diplomáticas con Venezuela e intenta una nueva estrategia por la vía diplomática.

“Maduro debe sentir que se trata de gobiernos que son de izquierda quienes están liderando un movimiento para que en Venezuela haya elecciones libres y derechos humanos”, aseguró a AP Julio Borges, del partido opositor Primero Justicia. “Eso desde el punto de vista político es muy importante para ponerle esa presión a la dictadura y quitarle excusas de que él se quiere ver más bien como que es víctima del imperio o de la derecha mundial”, agregó.

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Los periodistas de AP Gisela Salomon y Jorge Rueda contribuyeron a este despacho desde Miami y Caracas, respectivamente.