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La mayoría opositora del Parlamento venezolano aprobó la petición del Tribunal Supremo “en el exilio” de que se enjuicie al presidente, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción asociados al escándalo Odebrecht y pese a las advertencias del chavismo de que el proceso es nulo.

La decisión de hacer el antejuicio de mérito -que implica retirar la inmunidad a Maduro- se sustenta en las denuncias de la exfiscal Luisa Ortega a este Supremo en el exilio sobre los supuestos manejos de dinero del presidente y en las investigaciones en la región sobre la red de sobornos de la constructora brasileña en América Latina.

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La oposición acordó que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro”.

Asimismo dicen estar apoyados, según el documento aprobado, en el hecho “público, notorio y comunicacional que sobre (…) Maduro recaen serios señalamientos que le atribuyen actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht”.

En el texto se denuncia que debido al “secuestro del sistema de administración de justicia por parte” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el país caribeño es el “único en el que los graves señalamientos a los altos personeros del Estado no han sido investigados”.

En su turno de palabra el que fuese presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup defendió que desde la Cámara son “consecuentes” con sus propias “actitudes”.

Allup recordó que la mayoría opositora aprobó en diciembre de 2016 “el procedimiento para responsabilizar políticamente a Nicolás Maduro por las razones que en ese momento aludimos” y a principios de 2017 “el abandono de cargo” por parte del jefe del Ejecutivo.

El también secretario general de Acción Democrática admitió la opción de que no sea “posible materializar algunas decisiones” ya que, dijo, “este Gobierno que no es democrático no lo va a permitir”.