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La rebelión de los presos en el presidio de Cascavel, ciudad brasileña del estado de Paraná, terminó ayer con la muerte de “entre 15 y 20 detenidos”, según afirmó el juez Paulo Damas. El motín, que había comenzado el domingo por la mañana, se prolongó más de 24 horas con momentos de extrema tensión, como los asesinatos de cuatro detenidos, dos de ellos decapitados y otros dos arrojados desde los tejados de la cárcel.

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La revuelta carcelaria fue encabezada por el Primer Comando de la Capital, una facción delictiva que se inició en los años 90 en San Pablo y luego se proyectó a todo el país. El PCC (como se lo conoce por las siglas) es considerado como el grupo del narcotráfico más pesado de Brasil. No por casualidad, los detenidos que coparon el penal exhibieron de entrada un extenso cartel con el símbolo de esa banda narco. Ayer por la mañana, encapuchados detuvieron ómnibus y automóviles y procedieron a quemarlos; en el resto de las unidades, podía verse pintada la sigla. Esto puso en vilo a los vecinos de Cascavel, un municipio de 300 mil habitantes, que es un polo universitario.

Ayer por la tarde, el juez Damas advirtió en una conferencia de prensa que dos decenas de presos habían sido asesinados durante el levantamiento. El motín terminó luego de largas negociaciones que implicarán el traslado de los jefes a otras prisiones.

Con su cabezas cubiertas con camisetas y pañuelos, para evitar su identificación, los amotinados ocuparon los techos del complejo penitenciario, luego de incendiar colchones y destruir prácticamente todos los pabellones carcelarios. Un dato significativo es que, en el momento del estallido de la revuelta, el presidio contaba apenas con 9 custodios para controlar una población de más de un millar de presos. El Sindicato de Agentes Penitenciarios de Paraná se quejó, en un comunicado, de la falta de inversiones en los establecimiento carcelarios y de las “pésimas” condiciones de trabajo y de mantenimiento. “Muchas veces hemos tenido que pagar de nuestro propio bolsillo una serie de elementos necesarios” para la habitabilidad de las prisiones.

De acuerdo con la Policía Militar, que ayer mantenía rodeado el presidio, más de 600 hombre participaron en forma directa del motín. Al grito de “dignidad”, sus reclamos apuntaban a poner fin a los malos tratos, a las demoras en los procesos judiciales, a las condiciones de habitabilidad carcelaria y a la comida. Así lo resumió el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil, Amarildo Horvath.

Esta revuelta tiene características especiales. Según revelaron fuentes policiales, los cabecillas aprovecharon el momento de campaña electoral, tanto a nivel nacional como estadual donde deben ser renovados gobernadores y legisladores.

La acción de los presos fue acompañada desde afuera por los familiares que se arremolinaron frente a las puertas del penal y protagonizaron manifestaciones de protestas durante el domingo, con cortes de calles y rutas.

La presencia del PCC añadió otro rasgo: esta organización es la única, a nivel nacional, con capacidad para negociar con el poder político y judicial. Los gobiernos saben de su capacidad para “movilizar” a sus “soldados”, como ya demostraron en la ciudad de San Pablo, que fue paralizada por la gavilla en 2006.

Ayer por la mañana insinuaron que echarían mano a su “tropa de choque” con incendios de ómnibus y autos. A pesar de sellar el acuerdo, los presos mantenían anoche dos carceleros en su poder para entregarlos recién cuando se concreten todas las promesas del gobierno paranaense.

Terminó el motín carcelario en Brasil y hay al menos 20 muertos