En los últimos días dos noticias han cambiado el panorama para cientos de miles de inmigrantes que esperaban beneficiarse de dos programas creados bajo la administración del presidente Joe Biden.
La primera de estas noticias informaba sobre el fin del programa de parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Este programa especial permite la entrada de los ciudadanos de estos países, bajo un permiso temporal por 24 meses si cuentan con un patrocinador aprobado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Hasta finales de Agosto del 2024, la cifra de beneficiados ascendía a 530,000.
Lamentablemente, a inicios del mes de octubre del año en curso la administración Biden anunció que no se renovaría este permiso especial.
La noticia conmocionó a la mayoría de los beneficiados con el programa puesto que deberán abandonar el país transcurrido el periodo de vigencia.
Sin embargo, si bien es cierto que el permiso de permanencia no se va a renovar luego de los dos años, aquellos beneficiados que tengan la posibilidad de ajustar estatus de una forma u otra podrán hacerlo sin necesidad de salir del país.
Por citar algunos ejemplos: los ciudadanos cubanos podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, los ciudadanos del resto de los países incluidos en el programa que hayan contraído matrimonio con ciudadanos norteamericanos o que tengan hijos ciudadanos norteamericanos mayores de 21 años podrán beneficiarse de una petición familiar.
Existen además visas de negocios e inversión que permiten también un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos.
El resto de los beneficiados que no se incluyan en ninguna de estas categorías si deberán abandonar el país a menos que antes del primer año de permanencia en el país hayan aplicado por asilo y dicha aplicación esté aún pendiente.
La otra noticia que ha dejado devastado a cerca de otro medio millón de personas es la orden del juez del Distrito de Estados Unidos en Texas, J. Campbell Barker, anulando el programa “keeping families together” (Manteniendo a las Familias Unidas).
Este programa pretendía otorgar un “parole in place” a cónyuges e hijastros de ciudadanos norteamericanos que llevaran más de 10 años en el país, cuyo matrimonio se hubiese formalizado legalmente antes del 17 de junio del 2024 y a los que no les cobraran antecedentes criminales.
Con este permiso especial, los beneficiados no tendrían que salir de los Estados Unidos para ajustar su estatus. Esta posibilidad se esfuma con la decisión del juez federal.
No obstante, estas personas aún pueden alcanzar estatus legal de residente si obtienen un perdón migratorio de USCIS.
De este modo, podrán salir sus paises de origen para su entrevista consular sin miedo a que les nieguen la entrada a su regreso por la violación migratoria cometida cuando arribaron a Estados Unidos de forma ilegal.
Por ahora, solo queda esperar el resto de los cambios en políticas de inmigración que entrarán en vigor el próximo año.
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